Los empleados del centro de La Esperanza, tajantes: «El que pasa frío es porque quiere»

Apenas 24 horas después de que el informe de la oenegé internacional dejase en entredicho la labor de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, que rige la nacionalista Inés Rojas, y, por extensión, de quienes desempeñan funciones en el recinto, los empleados dieron un paso al frente para pasar de «denunciados» a denunciantes. Y se esforzaron por no dejar lugar a la duda: el centro «no es un chalé», pero «el que pasa frío es porque quiere», espetó Begoña Fleitas, representante del personal de la institución de acogida, que hoy da cobijo a unos 70 menores extranjeros y que ha llegado a contabilizar casi 400 internos.

Tan diametralmente opuestas son las versiones de los empleados, por un lado, y de Human Rights Watch, por otro, que frente a la comida de baja calidad, los «casos frecuentes» de violencia entre menores o la falta de agua caliente y hasta de mantas que observó Simona Troller, quien elaboró el documento, los trabajadores estiman que el centro de La Esperanza «es el que mejor cumple las condiciones para ofrecer el servicio, por su experiencia y capacidad logística», aseguró Fleitas. «El informe no se ajusta a la realidad —agregó— y su publicación ha causado un enorme daño a las personas que, literalmente, se dejan la piel cada día para realizar su labor». Por si fuera poco, los 60 trabajadores que forman la plantilla del cuestionado recinto no sólo se ven señalados por la duda, sino que, además, afrontan un expediente de regulación de empleo que amenaza su estabilidad laboral.

No obstante, y pese a la polvareda que ha levando el asunto en la sociedad canaria, en general, y tinerfeña, en particular, los representantes del personal del centro aspiran a que las dependencias «no se cierren», si bien HRW detalla en su análisis

que el Ejecutivo regional, tras conocer la pretendida situación en que viven los menores, le comunicó que echaría el candado a las instalaciones a final de año. En este punto, y habida cuenta de que rechazan de plano las conclusiones de Troller, Fleitas adelantó que, de ser cierto, los empleados «no entenderían» el cierre. «¿Por qué entonces se mantiene abierto el de Tegueste?», se preguntó en voz alta la representante de los trabajadores, que calculó en alrededor de 40 el número de plazas que puede cubrir con solvencia este otro centro.

Precisamente, y siempre conforme a lo detallado por la oenegé, las intenciones de la Administración autonómica pasan por trasladar a los menores de La Esperanza al recinto del área metropolitana y a la vecina isla de Gran Canaria, en concreto, a las dependencias que gestiona en Arinaga. Toda vez que, según señalaron, las instalaciones de Tegueste están menos preparadas para la acogida, la presidenta del comité de empresa instó a la organización internacional a la redacción de un nuevo informe en base a una investigación «seria, rigurosa y objetiva», valores de los que, a su juicio, carece el trabajo de Troller. «El informe alega que algunos educadores han dado información, y esto no ha sido así. Desde luego, no es un chalé y es cierto que no tenemos calefacción, pero se han mejorado las condiciones y, desde luego, hay mantas para todos; el que pasa frío es porque quiere», alegó Fleitas, quien consideró que no podría entenderse el cierre del centro en base al contenido de un único análisis, ante lo que apostó por esperar la publicación de otros juicios, como el que prepara el Defensor del Pueblo.

En cualquier caso, eso sí, ni Begoña Fleitas ni Teya Ramos, delegada del comité de empresa, mostraron duda alguna al respecto del interés que, en su opinión, subyace en la dura valoración de HRW, que llega a afirmar que los niños «están en situación de riesgo». La presidenta del comité advirtió de que Simona Troller lleva tiempo

impulsando una especie de campaña contraria a que España siga recibiendo fondos de la Unión Europea (UE) para la acogida y el cuidado de menores extranjeros no acompañados. Al menos, así se desprende de la respuesta que ofreció a la pregunta sobre qué puede haber de «interesado» en la investigación: «El informe se hizo público ayer, pero ya antes, el 18 de marzo, firmó un artículo —Troller— en el que avisaba a Europa de que no debía dar fondos a España».

Sea como fuere, parece claro que la problemática queda ahora en manos de la consejera regional de Bienestar Social, la citada Inés Rojas, que habrá de enfrentarse, una vez más, al mayor de los retos que ha tenido que gestionar en esta legislatura: la inmigración irregular, especialmente en lo tocante a los menores, un asunto que le dio no pocos quebraderos de cabeza durante el apogeo del fenómeno de los cayucos, origen, precisamente, de la construcción de los centros de internamiento cuya eficiencia pone ahora en duda HRW. Por el momento, y a la espera de nuevos informes que, según los trabajadores, pondrían en valor el trabajo desarrollado en La Esperanza, las visiones enfrentadas de la organización humanitaria y de los empleados resultan irreconciliables.En todo caso, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Ann Terrón i Cusí, no ha tardado en recordar al Gobierno canario a quié le corresponde lidiar con el problema: «Las competencias son de las autonomías».