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Primores de lo vulgar

El caso del Consejo General del Poder Judicial es ovbio: la Constitución blinda y legitima directamente a sus miembros y delimita con precisión sus funciones

Día 22/06/2010 - 04.09h
Los que hemos vivido más de medio siglo en la centuria pasada encontramos siempre cálido abrigo y acogedora inspiración en el venero cristalino en el pensamiento y ondulado en la forma escrita que fluye de la obra de Ortega y Gasset, alguien que por los más novicios tiende a ser visto como el simple titular de uno de los espacios urbanos más exclusivos de Madrid. Creo que fue Julián Marías quien dijo de él que más que un filósofo había sido un «acontecimiento», y bien puede decirse que el lujo comercial de su calle hace fe frívola, pero ciertamente fe, del lujo espiritual que supuso para esta vieja patria la existencia de un hombre que fue capaz de hacer sugestivo el examen en profundidad de los aconteceres que le tocó observar durante la modernidad coetánea a su propia vida —de un «proyecto sugestivo de vida en común» habló, con su densa mirada sobre España—. En esta tarea, su capacidad literaria era lúcida y exacta, y, así, en terreno aparentemente tan banal como el de titular sus artículos y ensayos, fue preciso y atrayente: tal es el caso de enunciar como «Primores de lo vulgar» su exquisita meditación sobre Azorín, ese literato esencial a la lengua española, a la que fue afilando según se afilaba y amojamaba con la edad su propia apariencia física, hasta terminar en las brevísimas cuadrículas que fueron sus últimas colaboraciones en ABC.
Osado pájaro gorrión, me acojo al cobijo del Águila y le tomo en precario el título para este fugaz parlamento, que parte del rumor extendido en la sociedad española sobre la marcha deteriorada de nuestras instituciones. Recientemente llamaba en una Tercera a la preocupada atención sobre este tema Antonio Hernández Gil, decano del Colegio de Abogados de Madrid, y con relación concreta al Consejo General del Poder Judicial, emitía en El Paísun agudo clarinazo el vocal no judicial de aquel y catedrático de Derecho Penal, José Manuel Gómez Benítez.
Hace unos días se celebraba en el acogedor salón de actos del Consejo General del Poder Judicial una jornada matinal en memoria del recientemente fallecido magistrado del Tribunal Supremo y abogado general del Tribunal Europeo de Luxemburgo, Dámaso Ruiz Jarabo. Presentaba el acto el presidente del Tribunal Supremo y lo clausuraba la vicepresidenta Fernández de la Vega. En su contenido material, estaba prevista como primera y estelar intervención la de una de las grandes figuras españolas en la construcción de Europa, el catedrático Gil Carlos Rodríguez, largo tiempo espléndido presidente del Tribunal Europeo.
Las dos primeras filas de butacas, ordenadas como las restantes en gradas semicirculares, estaban reservadas a los vocales del Consejo. Casi lleno el aforo, al concluir la presentación presidencial del evento los vocales asistentes —excepto uno, cuyo nombre, Claro, dejo aquí consignado— abandonaron la Sala y ya no volvieron a aparecer, ordenados en ristra y zapateando con fuerza en los bancales de bajada a sus asientos de preferencia, hasta
que se hizo presente la Sra. Vicepresidenta, que, por cierto, tuvo palabras muy hermosas para el homenajeado. Este mi- núsculo relato, que narra una descortesía, quizás pueda ofrecernos la sombra del íntimo espíritu que malogra el fruto esperado de ciertas instituciones dibujadas por la Constitución.
El caso del Consejo General del Poder Judicial es obvio: la Constitución blinda y legitima directamente a sus miembros y delimita con precisión sus funciones; el legislador ha sido también generoso con la institución, hasta convertir el cargo de vocal en una prebenda de suave yugo e inexplicable dedicación exclusiva, y, no obstante, su resultado histórico final tiende cada vez más a vislumbrarse como un fracaso sonoro, indisimulable: cae a plomo la consideración de su autoridad moral entre los jueces y magistrados, hasta el punto de que un tercio de ellos han manifestado explícitamente su desapego al mismo y han denunciado con escándalo su politización; y, por otra parte, la asombrada ciudadanía ve en él con meridiana claridad un anclaje en la política de partidos tan íntima, que determina una extensión inmerecida de esta mancha a todo el cuerpo judicial, de modo que ante esa opinión pública —pieza básica de la democracia— los jueces y magistrados abonamos el gasto de una visión del Consejo de la que no somos culpables, pero que hunde la guarnecida daga de la incredulidad en el corazón de la apreciación popular de nuestra independencia. Es cierto que al Consejo que hoy corre se le han filtrado residuos históricos de los anteriores, pero sus formas de proceder no le eximen de ser también causa operativa y eficaz de la pobre visión que se tiene del mismo: si para elegir al presidente del Tribunal Supremo —en soberana competencia que le atribuye de manera directa la Constitución, sin intermediación alguna— los vocales jueces acuden solícitos a las sedes de los partidos políticos que consideran afines a sus respectivas asociaciones, guiados por las cúpulas de estas, para conocer el nombre del bendecido, cierto es que la apariencia de ejercicio independiente e imparcial de sus funciones se ofrece mancillada, con mancilla que se acentúa si poco después a la vocal Robles, al ser inquirida por quien le había echado en cara escasos éxitos en la colocación de los de su cuerda asociativa, le pareció natural cimbrar con jactancia el largo listado de sus favorecidos, en exhibición pública del brillo de parcialidad con que habría ejercido sus funciones.Las apariencias aquí relatadas pueden llegar a convertirse en un problema formidable para una Justicia —la española— que, sustancialmente sana, carga sobre sus hombros con el descrédito de un órgano constitucional que, como en el cuento del salón de actos, parece creer que su alborotada y visible presencia en lo adjetivo le dispensa de entregarse con primor a la parte obligada de su función: cumplir sus cometidos con rigor, con las condiciones constitucionales requeridas y en los tiempos esperados y
esperables.
Por eso la salida del hondo hoyo en que se ubica ante la opinión y la magistratura está ahora en las exclusivas manos de sus vocales. No cabe ya echar las culpas a los políticos o a las viciosas prácticas clientelistas y politizadas de las cúpulas de las asociaciones judiciales. Son ellos los que tienen que acabar con el insostenible hábito de demorar a tiempos indefinidos los nombramientos judiciales, como si se estuviese a la espera de que alumbre el camino una astilla de roble puesta en almenar, ignorando que, al no ser rico en resinas, el roble no hace tea. Es totalmente inadmisible, opuesto al más mínimo, exigible y obligado primor, que lleve más de dos años de espera la cobertura de una plaza de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo o que vaya a entrar en el sexto mes la convocatoria de una de las más importantes del sistema judicial —la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo— y que el tema ni siquiera se introdujera en el orden del día del Pleno del mes de mayo, como si se estuviera a la espera de una combinación tipo paquete partidista y mogollón: tantas vacantes para mí, tantas para ti.
Es esta constante ausencia de primor y de aplicación en los más elementales detalles, con la profunda descortesía y falta de respeto hacia la organización judicial que ello implica, la que cava parte de la fosa en la que se agitan los brazos del Consejo, y —ciertamente— no son mis palabras acusadoras las que es preciso ocultar, son los hechos acusados, que ellos mismos ofrecen la sospecha de cometer, los que deben desaparecer para regenerar la institución ante la consideración de los espectadores: en esta labor, los vocales son actores absolutos, y por eso, o benefactores o culpables también absolutos. Ellos eligen.
RAMÓN TRILLO TORRES FUE PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO
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