Jueves , 15-04-10
MALO, malo, malo. Algo se ha roto en el sistema cuando los magistrados del Supremo tienen que convocar a la prensa extranjera para explicar que Franco lleva treinta y cinco años enterrado y que ellos no son la quinta columna del tardofranquismo sino la ultima ratio de la justicia de un Estado de Derecho. Algo ha crujido en la estructura de la democracia bajo el zarandeo de una campaña extremista de descalificación de las instituciones, sin que el Gobierno sepa salir con decisión en defensa del prestigio de una nación moderna. Quizá porque esa exaltada ola de agitación ha crecido en la confianza de que se mueve a favor de corriente, en sintonía ideológica con el discurso rupturista de un poder dispuesto a desguazar el legado de la Transición, y ha terminado convirtiéndose en un maremoto al que ahora es difícil contener sin que erosione la estabilidad institucional.
Al permitir que la izquierda social lleve el debate sobre el juicio a Garzón al ámbito tramposo de la propaganda política, mostrando incluso una anuencia oficiosa con el fondo de esa maniobra desquiciada, el Gobierno ha dado pie a un severo deterioro extra de la ya muy cuestionada independencia judicial, causando daños de difícil reparación en la estructura de un poder esencial del Estado. En realidad, se trata de un escándalo que avería todo el núcleo del sistema, porque la resurrección del fantasma de Franco -agitado por la izquierda como espantajo contra una decisión judicial adversa- constituye un elemento de enorme sugestión simbólica para la opinión pública internacional. Después de tres décadas de impecable funcionamiento de un Estado constitucional construido sin traumas sobre las cenizas de la dictadura, influyentes medios anglosajones han comprado la mercancía averiada de la supervivencia del viejo régimen en el entramado democrático. Y esa falacia, urdida de manera dolosa y culpable dentro de España, supone un perjuicio gravísimo que compromete la credibilidad del país entero en un momento especialmente sensible para nuestros intereses colectivos.
El Gobierno que no ha sabido o querido salir al paso de toda esta interesada patraña es el que tiene ahora la responsabilidad de deshacerla, aunque ello le suponga la obviedad de proclamar que, por mucho que se empeñen Garzón y sus defensores, el franquismo es una página olvidada en la realidad cotidiana de una democracia firme, sin cuentas pendientes ni atrasos históricos. La tentación de aceptar la tesis contraria para presentarse como depurador salvífico de los residuos dictatoriales no puede constituir siquiera una hipótesis de trabajo. El problema es que al zapaterismo le cuesta templar este trastornado descalzaperros porque aunque se desmarque de las formas parece compartir los argumentos de la confusión interesada. Y tal vez se sienta a gusto peleando contra falsos molinos franquistas como un Quijote de barraca.

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