QUIEN escribió «Viva Garzón» en la franja amarilla de la bandera republicana exhibida en el acto de apoyo a este juez celebrado en la Complutense de Madrid resumió mejor que nadie la verdadera naturaleza sectaria e ideológica del movimiento creado para coaccionar al Tribunal Supremo. Esa vinculación gráfica de Garzón con la bandera republicana —enseña inconstitucional— retrata a sus conspicuos defensores y desvela el objetivo real de sus exabruptos. Las acusaciones calumniosas e injuriosas contra los magistrados del Supremo no eran sino la entradilla de una campaña renovada de ataque a la Constitución de 1978 y al sistema judicial organizado en torno a la independencia de jueces y magistrados. Defender a Garzón era la coartada para poner en solfa la legitimidad del Supremo, para lo que nada mejor que lanzar sobre sus integrantes la acusación de ser «instrumentos del fascismo» y «cómplices de las torturas de la dictadura». Ya llega tarde el Consejo General del Poder Judicial para solicitar la intervención del fiscal general y éste, en anunciar la querella contra el autor de tan infames invectivas.
Al margen de estas consecuencias legales, que deberían producirse de inmediato, lo cierto es que el proceso a Garzón ha desatado una explosión de resentimientos y odios almacenados en una izquierda que ha vuelto a mostrarse incapaz de asumir la Transición y el pacto constitucional de 1978. Los gritos de «No pasarán», las apelaciones contra la impunidad del franquismo y la orquestación de estéticas asamblearias demuestran que esa izquierda movilizada contra el Supremo realmente quiere alterar las bases del actual sistema democrático, que no son otras que la aceptación de un proyecto común para todos los españoles. De nuevo, el maniqueísmo y la bandería se apoderan de la izquierda para impugnar el pacto constitucional y reclamar, con 35 años de retraso, una nueva transición basada en el ajuste de cuentas y la revancha; tal vez la que realmente querían, pero no les fue posible en el 78, aunque tampoco lo sería hoy, en 2010, cuando la juventud se agobia con el 40 por ciento de paro que la atenaza, la preocupación principal de los ciudadanos es superar la crisis económica y el franquismo es, para la mayoría, una lección de los libros de historia.
Por eso, la imposibilidad histórica de deshacer el camino andado obliga a esta izquierda vociferante y crispada a conformarse, que no es poco, con provocar la confrontación civil, la separación de españoles otra vez en bandos y destruir la convivencia social. El objetivo último de esta exhibición de extremismo incivil no es otro que asegurar un estado de conflicto permanente en el que la normalidad del debate político, que dejaría al descubierto la vacuidad ideológica de la izquierda española y las consecuencias de su gestión de gobierno, sea sustituida por la algarada de barricada que intimide a la gran mayoría de españoles, que son moderados y sensatos.
El disfraz jurídico puesto a las diatribas contra el Supremo hace aún más patética la pretensión de esta izquierda de apoyar así a Garzón. Los portavoces del acto asambleario de la Facultad de Medicina eligieron mal sus argumentos, como el de afirmar que los jueces del Supremo harían imposible un juicio como el de Nüremberg. Lo que haría imposible un proceso así es la Constitución de 1978, que prohíbe los tribunales de excepción, como lo fue aquél. En todo caso, si algo de lo oído estos días recuerda al nazismo es el empeño de esta izquierda rancia en recuperar el Derecho Penal de autor, aquella aberración jurídica con la que los nazis condenaban o absolvían según las circunstancias del autor, no por su responsabilidad. Ahora sabemos que esta izquierda, si pudiera, impondría en la justicia penal criterios totalitarios para discriminar por razones ideológicas a los ciudadanos. Su discurso en la Complutense fue predemocrático, auténticamente reaccionario.
Nada de lo sucedido ha sido, sin embargo, fruto de un apasionamiento sorpresivo. Son muchos años los que lleva acumulada la política de Rodríguez Zapatero de impulsar un revisionismo histórico, oculto tras las buenas intenciones de reparar el daño sufrido por las víctimas del franquismo -cuyas legítimas aspiraciones sólo son atendibles en el marco de la ley, no fuera de él-, pero que persigue dejar sin efecto un pacto constitucional basado en la paridad y la transacción entre derecha-izquierda. Animados por la inducción del Gobierno socialista, algunos sectores de la izquierda se creen autorizados para cargar contra las instituciones del Estado democrático y de Derecho, descalificándolas como prolongación del franquismo. Las reglas del juego se están rompiendo y lo peor de todo es la satisfacción neroniana con la que el PSOE contempla la quema de la convivencia en un país que decidió superar en 1978 una historia desangrada por enfrentamientos civiles. Retomar ahora el balance de culpas -por supuesto, siempre ajenas-, erigirse en controlador de la democracia y apartarse de los cauces constitucionales es una irresponsabilidad de la izquierda en la que ésta debe cesar.
Lamentablemente, tal estrategia de crispación no sólo puede no ceder a corto plazo, sino que cabe la preocupante posibilidad de que se incremente, simplemente porque la izquierda considere que es la manera de movilizarse para atajar las victorias electorales de la derecha. Son síntomas de una predisposición nada democrática a asumir una alternativa política, un cambio de gobierno; clara advertencia al mismo tiempo para el Partido Popular, emplazado a no secundar la deriva ultramontana de la izquierda, tanto como a no tolerar que España acabe sumida en el revanchismo, la confrontación y la crisis constitucional que abandera esa izquierda antidemocrática que asoma parapetada tras Garzón.

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