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Martes , 30-03-10
El fallo del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán debería dar paso, no a una simple renovación, sino a una profunda reforma de ésa y de otras instituciones del Estado, que se han precipitado a un abismo de insoportable desprestigio por su dependencia orgánica del único poder estatal realmente existente. Tras treinta años de vigencia constitucional, en España no es que no exista una auténtica separación de poderes, sino que ha desaparecido la idea misma de pluralidad de poderes.
En el proceso de sublimación del poder político, descrito por Popper como el cáncer tal vez terminal de las democracias representativas, no ya los partidos, sino reducidas camarillas dentro de ellos, deciden la composición del Ejecutivo, del Legislativo y del gobierno de los jueces. La regeneración de la democracia española no se producirá con una mera renovación en el TC y el Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera con una modificación de las normas que establecen la designación de sus miembros, aunque ambas condiciones son imprescindibles. Será necesaria también una reforma de las leyes electorales que reconozca a los electos -y a los electores- una autonomía de la que hoy carecen y una normativa eficaz que traduzca en leyes el imperativo constitucional de que la «estructura y funcionamiento interno» de los partidos «deberán ser democráticos».
Ninguno de los grandes está por la labor. Ni aún por la más modesta de convertir el actual sistema electoral en realmente proporcional. Pero en el horizonte acechan la desafección y los populismos. Y en Europa disponemos de ejemplos recientes del infierno que provocaron. En el prólogo de «Sobre el olvidado Siglo XX», Tony Judt se lamenta: «No sólo no hemos sido capaces de aprender mucho del pasado, sino que mostramos el convencimiento de que el pasado no tiene nada que enseñarnos». En España, al parecer sólo tumbas.
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