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Lunes , 29-03-10
LAS últimas deliberaciones del Tribunal Constitucional podrían haber cristalizado ya en una mayoría de 6 frente a 4, que, pese a estar formada en torno a la ponencia de la magistrada Elisa Pérez Vera, determinaría la inconstitucionalidad de una veintena de artículos claves del Estatuto de Cataluña. Sin embargo, los borradores de la ponente han aumentado la exigencia constitucional sobre el texto, hasta el punto de que algunos magistrados claramente opuestos a considerarlo constitucional habrían aceptado una declaración de inconstitucionalidad selectiva, que recaería en aspectos sustanciales del Estatuto. No obstante, el historial de los debates del TC sobre el Estatuto catalán no permite descartar nuevas variaciones de criterio, aunque es creíble la inminencia del fallo. En efecto, la formación de una mayoría que hace innecesario el voto de calidad de su presidenta, María Emilia Casas, debe traducirse en la inaplazable votación del texto definitivo de la sentencia, del que se daría a conocer de forma inmediata su parte dispositiva, es decir, los artículos anulados por inconstitucionalidad, dejando para más adelante su publicación, que recogerá los votos particulares de los discrepantes.
Si la duda es hasta dónde llega la inconstitucionalidad del Estatuto, cabe confiar en que el fallo del TC rescate los principios constitucionales del Estado español, como Estado unitario organizado en comunidades autónomas. Es imprescindible que esa inconstitucionalidad selectiva por la que habría optado el TC deje claro que no es admisible un modelo confederal, ni bilateral en las relaciones del Estado con Cataluña; que la ciudadanía -derechos, obligaciones, lengua- es un concepto común para todos los españoles y que la legitimación de los poderes públicos en España sólo procede de la soberanía constituyente del pueblo español, no de derechos históricos inaprehensibles. El Estatuto de Cataluña, pese a las defensas buenistas que le dedica el presidente del Gobierno, cambió las reglas constitucionales del Estado, empezando por dar a una norma autonómica la categoría de norma constituyente y por convertir a una comunidad autónoma en un Estado dentro del Estado. Hay una sola oportunidad para evitar que este error se consolide y está en manos del TC.
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