El ex presidente del Gobierno balear y ex líder del PP en el Archipiélago, Jaume Matas, ha comparecido esta semana como imputado para declarar en el «caso Palma Arena3, en el que se investiga el sobrecoste de este equipamiento deportivo, el incremento patrimonial presuntamente irregular de Matas y una supuesta financiación ilegal del PP balear en la campaña electoral de 2007. Además, han declarado también la esposa de Matas, Maite Areal, su cuñado, Fernando Areal, y un presunto testaferro, Bartolomé Reus. Los fiscales Joan Carrau y Pedro Horrach han pedido también medidas cautelares para Fernando Areal, si bien menores, en concreto, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de presentarse cada 15 días en los Juzgados. Sólo Matas parece estar ahora en el ojo del huracán. Los fiscales le acusan con dureza, pero él se defiende.

Sobrecoste del Palma Arena

Desvío de 41 millones

El presupuesto originario del velódromo, inaugurado a principios de 2007, era de 47,7 millones de euros, y finalmente acabó costando en torno a los 110 millones. Una vez analizadas todas las declaraciones y documentos, la Fiscalía señala en sus conclusiones que «se constata un desvío presupuestario de unos 41.000.0000 de euros aproximadamente». En su comparecencia, Matas reconoció que había autorizado un incremento del presupuesto, pero que en ningún caso se estableció en qué cuantía. Además, afirmó que él sólo era responsable de las decisiones políticas, ya que las principales decisiones con respecto a los contratos para la construcción del velódromo habrían sido tomadas por el ex director general de Deportes del Ejecutivo autonómico, José Luis «Pepote» Ballester, quien desde agosto está en libertad bajo fianza de 50.000 euros. El documento de la Fiscalía también señala que dos personas imputadas afirmaron que se comunicaron a Matas los sobrecostes en varias ocasiones, a lo que el ex líder popular habría respondido que «había que terminarlo como fuera». Otra acusación es que se habrían falsificado «certificados de los acuerdos supuestamene adoptados» en la junta rectora del Patronato creado para llevar a cabo el citado equipamiento deportivo, algo que Matas también negó.

Incremento patrimonial

«El palacete»

En este punto es en el único en que Matas reconoció de forma más o menos explícita que al menos en algún momento habría actuado de forma irregular. Así, reconoció que la mayor parte de los 400.000 euros que costó la remodelación de su vivienda en Palma, conocida coloquialmente como «el palacete», habrían sido abonados en efectivo, con fondos procedentes en parte de los ingresos que le reportaron el traspaso de un local de su madre y el alquiler de un local que era propiedad de su esposa, dinero que no fue declarado en su momento, lo que supone un fraude a Hacienda. El juez consideró, sin embargo, que esta declaración sería una estratagema para desviar la atención sobre los otros presuntos delitos. En el escrito de la Fiscalía se afirma que entre 2003 y 2007, «el aumento injustificado del patrimonio de Jaume Matas es más que evidente», y se hace referencia a la adquisición de tres pisos, el citado piso de Palma -que además fue reformado-, un piso en Madrid y otro en un municipio mallorquín. Para los fiscales, «todos estos gastos superan con creces la capacidad económica del matrimonio Matas-Areal». No obstante, Matas dijo que su incremento patrimonial sería sólo fruto de sus ingresos y sus rentas familiares.

Acusación de recibir sobornos

Canal autonómico

En donde Matas fue más taxativo fue en lo referente a la acusación de que habría recibido sobornos en relación con la adjudicación de programas para el canal autonómico de televisión IB3. En este sentido fue contundente, y fue cuando pronunció la frase «¡Sí, y la madre de Dios se llama Juana!». Según Carrau y Horrach, Matas habría recibido un soborno de 250.000 euros del productor televisivo José Luis Moreno «por las adjudicaciones de programas y decorados» por el órgano de contratación de IB3 a mercantiles vinculadas al citado empresario audiovisual. Según la Fiscalía, dicho supuesto pago guardaría relación «con el fraude en los concursos y licitaciones de las empresas de José Luis Moreno con IB3». Preguntado por los fiscales y por el juez sobre otros asuntos, Matas defendió la legalidad de los pagos que percibió, ya retirado de la política, por diversos trabajos realizados para un bufete madrileño, que había sido contratado en la pasada legislatura por el Gobierno balear para redactar un informe sobre IB3. Otra cuestión polémica sobre la que fue interrogado Matas fue sobre la contratación del periodista Antonio Alemany para la redacción de discursos para el entonces presidente balear. Tanto Alemany como Matas defendieron en sus respectivas declaraciones la legalidad de dicha contratación, si bien para los fiscales habría habido irregular su realización a través de la empresa Nimbus.

Supuesta malversación

Actos electorales

El escrito de la Fiscalía también señala que se habrían pagado «con fondos públicos» facturas que corresponderían a «servicios particulares» del Partido Popular, en referencia al pago por parte de la Fundación Illesport de tres facturas correspondientes a servicios de vigilancia y limpieza ocasionados con motivo del mitin que el presidente del PP, Mariano Rajoy, dio en el Palma Arena el 18 de mayo de 2007. Dichas facturas ascendían a un total de unos 3.800 euros. Por otra parte, los fiscales también afirman que desde la citada fundación y desde la Consejería de Vicepresidencia se habría hecho un pago «de facturas falsas» a Nimbus, es decir por actuaciones nunca llevadas a cabo, pago que escondería «servicios realizados por Nimbus al Partido Popular relativos a la campaña electoral de 2007». En este caso, el importe abonado desde el Ejecutivo autonómico habría sido de unos 19.000 euros. En su declaración, Matas negó tener conocimiento de ninguna de estas actuaciones presuntamente irregulares. En su momento, el máximo responsable de Nimbus, Miguel Romero, también imputado en el «caso Palma Arena» y en libertad bajo fianza, afirmó que habría recibido de Fernando Areal unos 70.000 euros sin factura, algo que Areal negó de forma rotunda en su declaración ante el juez.

Los casos que afectan a UM

Operación maquillaje

El partido Unión Mallorquina (UM), que en la pasada legislatura daba su apoyo al PP, se encuentra también afectado por casos de corrupción, sobre todo por la llamada «Operación Maquillaje» y por la llamada «Operación Voltor». En el primer caso, se encuentran imputados los tres últimos ex presidentes de UM, Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer. En dicha causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos desde la radio y la televisión del Consejo de Mallorca a empresas audiovisuales de personas ligadas a cargos de UM. Estos hechos habrían tenido lugar en la pasada legislatura autonómica, cuando la institución insular estaba presidida por Munar, mientras que el vicepresidente de la misma era Nadal. Por lo que respecta a la «Operación Voltor», se investiga, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una presunta trama de corrupción en un organismo que depende de la Consejería de Turismo, el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), que desde el inicio de esta legislatura y hasta la primera semana del pasado mes de febrero estuvo en manos de UM. Al parecer, se habría producido un desvío de fondos públicos a través de contratos supuestamente irregulares desde el Inestur hacia empresas de personas próximas a cargos del partido nacionalista.

Inestabilidad institucional

Crisis política

A raíz de la aparición del citado caso de corrupción denominado «Operación Voltor», el primero de la actual legislatura, el presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, decidió el 5 de febrero la destitución de todos los cargos ejecutivos de UM en el Gobierno autonómico, el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, lo que de hecho supuso la ruptura del tripartito que desde el verano de 2007 gobernaba en Baleares. Desde entonces, el PSOE y la coalición denominada Bloc gobiernan en minoría en dichas instituciones. El Partido Popular balear podría presentar una moción de censura si contase para ello con el apoyo de UM.