El Consejo de Ministros, que se celebra mañana en Sevilla, aprobará la reforma mediante un decreto urgente
Mientras el déficit público de nuestro país está disparado y Bruselas exige medidas drásticas de reducción del gasto, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se ha comprometido, con el pretexto de paliar los efectos de la pérdida de empleo de los trabajadores agrícolas por el temporal, a rebajar a casi la mitad las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario del antiguo PER en Andalucía y Extremadura.
En concreto, el número de jornadas necesarias para acceder al mencionado subsidio y renta agraria, ahora denominado Aepsa (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria), será de unas 20 -entre 18 y 25-, frente a las 35 peonadas actuales.
En 2008, los servicios públicos de empleo de estas comunidades destinaron 176 millones de euros al PER, cifra que se incrementará considerablemente con la mencionada reforma al aumentar el número de potenciales beneficiarios.
Lo más llamativo es que la propuesta del Gobierno, que será estudiada con carácter de urgencia por el Consejo de Ministros que se celebra mañana en Sevilla, se aplicaría para el conjunto de trabajadores potenciales perceptores del PER en las comunidades de Andalucía y Extremadura, que suman unas 221.403 personas.Por lo tanto, la medida no afectaría sólo a los agricultores perjudicados por el temporal ni al resto de trabajadores del campo del resto de España que también se han visto afectados por la mala climatología.
Para el resto, nada
De hecho, tanto CC.OO. como UGT han planteado al Gobierno la extensión de estas medidas a otras comunidades afectadas, con especial incidencia en Canarias, Catalunya, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, también afectados por el temporal y la pérdida de empleo, según explicó a este periódico José Fuentes, secretario de Comunicación y Empleo de la Federación Agroalimentaria de CC.OO. «Los sindicatos consideramos que fuera de Andalucía y Extremadura también hay trabajadores agrícolas que tienen dificultades para acceder a la prestación por desempleo, al perder el trabajo y no tienen derecho a subsidios asistenciales alguno», añadió. Esta reforma sería tramitada, a través de un decreto ley, con carácter de urgencia, según confirmaron ayer representantes del Gobierno en la reunión mantenida con los sindicatos en el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
El Ejecutivo tambien estudia aplazar las cuotas de la Seguridad Social de los afectados, así como la consideración de los Expedientes de Regulación de Empleo como provenientes por fuerza mayor a defectos que el consumo de la prestación por desempleo no compute a la hora de consumir los periodos máximos de percepción establecidos y exoneración de cuotas de la Seguridad Social tanto para trabajadores como empresarios.

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