El TS archiva la querella del PP contra Chaves por falta de delito
EFE Manuel Chaves
El Tribunal Supremo hizo pública ayer su decisión de rechazar la querella presentada por el Partido Popular contra el ex presidente de la Junta de Andalucía, hoy vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Los hechos se refieren a la ratificación por el Ejecutivo andaluz de la concesión de una subvención a la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A. (Matsa), en cuyos servicios jurídicos trabaja la hija de Chaves. La Fiscalía pidió el archivo.
En un auto que cuenta con el voto unánime de los cinco magistrados de la Sala y del que ha sido ponente Andrés Martínez Arrieta, el Supremo considera que los hechos que relata el PP en su querella no son constitutivos de ninguno de esos dos delitos. En el caso de la prevaricación, que según el PP Chaves cometió al no abstenerse en la reunión del Consejo de Gobierno en la que se aprobó la ayuda y al no haber advertido irregularidades en la tramitación del expediente, dice el TS que «las afirmaciones del querellante (...) carecen de relevancia penal».
Según la doctrina de la Sala Penal, el hecho de no abstenerse, «por sí solo», no constituye un delito de prevaricación. Máxime cuando lo que se aprobó fue un expediente administrativo y «el ordenamiento jurídico administrativo señala que la no abstención en los casos en que proceda no implica necesariamente la invalidez de los actos».
Ámbito administrativo
Por otra parte, la Sala recuerda que la concesión de la subvención pasó el control de los órganos competentes y que su ratificación por el Gobierno andaluz sólo podría ser constitutiva de un delito de prevaricación si hubiese habido conciencia de que se daba luz verde a un acto prevaricador. En todo caso, concluye el Supremo, «lo que el querellante expresa como «múltiples irregularidades» del proceso de concesión pertenecen al ámbito de actuación y control del órgano administrativo que concede y no al órgano que ratifica, salvo los supuestos de conocimiento de la prevaricación».
Y en este caso concreto, el Tribunal descarta que existieran las irregularidades de las que habla el PP -«el expediente aparece, en principio, correctamente tramitado»-, aunque recuerda al querellante que puede denunciarlas «si lo estima oportuno ante los órganos de la jurisdicción competente».
No hubo irregularidades
Así, la falta de una firma y los correos internos entre funcionarios son, dice la Sala, hechos «ajenos a la función de control del órgano que ratifica la subvención concedida»; la ampliación de la cuantía de la ayuda «aparece justificada al incluir unas obras que en la primera propuesta no se incluían»; y del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de Matsa «existe constancia documental en el expediente».
Por último, y en lo que se refiere al delito de tráfico de influencias, la querella tampoco denuncia hechos que constituyan esa conducta. Relata «sólo conjeturas derivadas de la condición de presidente de la Junta de Andalucía del aforado, del trabajo de su hija en la empresa y del hecho de realizar visitas a los centros de producción».

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