Al cumplirse sin éxito el plazo fijado por el presidente Obama para desmantelar Guantánamo, una comisión liderada por el Departamento de Justicia ha formalizado sus recomendaciones sobre qué hacer con los 196 detenidos que quedan en la cárcel extrajudicial improvisada por la Administración Bush. Para cincuenta de ellos se contempla detención indefinida sin juicio mientras prosiga la llamada guerra contra el terror iniciada tras el 11-S.

Esta es la primera vez que Washington precisa el número exacto de presos de Guantánamo considerados muy peligrosos como para ser puestos en libertad y, al mismo tiempo, sin posibilidad de ser juzgados. Limbo procesal justificado por la necesidad de no comprometer el trabajo de los servicios de inteligencia o porque las evidencias disponibles han sido obtenidas a través de coerción.

Junto a la polémica opción de una detención indefinida -complicada por la negativa del Congreso federal a recrear un Guantánamo dentro de Estados Unidos-, la comisión encabezada por el Departamento de Justicia recomienda también que un total de 110 presos sean puestos en libertad de forma inmediata o en el futuro. Retrasos que se atribuyen a la caótica situación en Yemen, país de origen de una buena parte de toda esta población reclusa. El resto, 35, serán procesados por cargos de terrorismo o crímenes de guerra, ya sea en tribunales civiles o a través de cortes militares especiales.