Montilla baja de las nubes

Ambas circunstancias pueden tener un coste electoral elevado si se tiene en cuenta que inmigración y seguridad son dos asuntos que tocan al ciudadano y que dejan el debate sobre el Estatuto en lo que es: pura elucubración.

El año electoral no podía empezar peor para el candidato socialista, cuyos compañeros de gobierno no sirven de gran ayuda. Al contrario: la polémica generada por la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los inmigrantes ilegales, unida a la descoordinación entre los consejeros de ICV en el caso de Horta de Sant Joan, han confirmado que PSC, ERC e ICV caminan por separado y que a medida que se acerquen las elecciones autonómicas, previstas para noviembre, ese alejamiento será aún mayor. El Gobierno catalán se ha visto incapaz de consensuar una postura común respecto al «caso Vic», y mientras los socialistas andan a la greña, ERC reitera su apoyo a las restricciones impuestas a los «sin papeles». Pero con sonadas excepciones, como es el caso del vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira, quien ayer expresaba su rechazo a la iniciativa unilateral del Consistorio. ICV, por su parte, se opone absolutamente la normativa municipal.

Los republicanos, que al igual que los socialistas no salen especialmente favorecidos en las encuestas, marca perfil a base de consultas independentistas que imponen como condición de futuros pactos postelectorales, y se resisten a apoyar la actuación de ICV en la extinción del fuego de Horta. Los republicanos hablaban ayer de «autocrítica» y «descoordinación» en relación a la actuación de los consejeros ecosocialista, tal es la falta de empatía que existe entre ambos partidos.

La futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto o la nueva ordenación territorial -las incongruentes veguerías- contribuirán a mantener latente esas discrepancias internas en un tripartito que no ha sabido aprovechar la segunda oportunidad que le brindaron las autonómicas de 2006.