El informe jurídico pedido por Vic avala que no se empadrone a los irregulares

Arratrados por un ultra

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, calificaba ayer de «ilegal» la iniciativa del alcalde Josep Maria Vila d´Abadal (UDC), secundada por los concejales socialistas y republicanos, que han sucumbido a la influencia de Plataforma per Catalunya, principal partido en la oposición y de tendencia xenófoba.

Sin embargo, el informe jurídico -redactado por el despacho que dirige el ex dirigente de CDC Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución- asegura que la actuación del Ayuntamiento no puede ser tildada «como incorrecta o contraria a la ley». Indica que el Consistorio aplica estrictamente la ley 4/2000 que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España, e incluso las normas comunitarias sobre la exigencia de los visados de residencia emitidos por los estados miembros de la UE.

Precisa el informe que no corresponde al Ayuntamiento la interpretación sobre qué pasaportes se ajustan a la citada ley, por lo que ha enviado una instancia a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, dirigida a Rubalcaba, donde se pide información sobre esos requisitos.

Resulta llamativo que el Ayuntamiento de Vic avalara en octubre un documento que defendía empadronar a cualquier inmigrante, con independencia de su situación legal. Ese acuerdo fue fruto del Pacto nacional por la inmigración y fue suscrito por el Gobierno de la Generalitat, las cuatro diputaciones, diversos consejos comarcales y otros 27 ayuntamientos. El documento deja claro que «empadronarse es un derecho y una obligación para todo el mundo, sea cual sea su nacionalidad y su situación administrativa», y alerta de que poner obstáculos al empadronamiento priva a los inmigrantes del acceso a «derechos fundamentales» y les expone «a situaciones de alta vulnerabilidad». El texto añade que «no estar empadronado tampoco exime al ente local de las obligaciones que le son propias», como la escolarización de los menores.

Pese a las directrices de la cúpula del PSCy las contradicciones, los cuatro concejales socialistas de Vic no piensan echar marcha atrás e insisten en defender una propuesta «absolutamente legal». Y al informe de Roca Junyent se remiten. Conocedor de la realidad municipal -fue alcalde de Cornellà (Barcelona)- el presidente de la Generalitat José Montilla, rechazó el «buenismo» en la gestión de la inmigración. Aunque rechazó la propuesta de Vic, advirtió que abordar desde una perspectiva «buenista» el fenómeno facilitará argumentos «a los xenófobos y a quienes quieren romper la convivencia». Este discurso «buenista» lo hacen, según dijo, «los que tienen poca relación con la inmigración» con muchos extracomunitarios.

El PP habla de cinismo

El Gobierno siempre se ha mostrado mucho más contundente contra el «modelo Vic», pero el diputado del PP Rafael Hernando cree que el PSOE actúa con «cinismo» y «según convenga» en esta materia, porque en Vic el Ayuntamiento ha decidido vetar el padrón a los «sin papeles», mientras que el Gobierno, «incumpliendo la ley», facilita que se queden en España. Así respondió Hernando al portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, quien acusó a Rajoy de promover una política de inmigración «antisocial y antieuropea».