Las familias pagarán una fianza por el préstamo de los portátiles a sus hijos
FÉLIX IGLESIAS
VALLADOLID. La implantación de las nuevas tecnologías de la informática en la escuela es imparable. Y Castilla y León vuelve a estar en materia educativa en la vanguardia de estas aplicaciones como atestigua el convenio firmado -el segundo que se rubricaba en España- a principios de noviembre entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Educación, Ángel Gabilongo, dentro del programa Escuela 2.0 por el que en cuatro años los estudiantes de Primaria y Secundaria dispondrán de ordenadores portátiles. En concreto, supondrá una inversión de 45 millones de euros entre ambas administraciones para que 80.000 alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria tengan ordenadores personales que usarán en las aulas y también en el domicilio familiar. Ya en aquella ocasión, a preguntas de este periódico, ambos mandatarios reconocieron la necesidad de buscar una fórmula para que el uso de este instrumental informático y educativo sea apropiado, además de garantizar su buen mantenimiento.
Notable coste público
La fórmula que ha propuesto la Consejería de Educación en el seno del Consejo Escolar Regional es habilitar una fianza o aval a cargo de las familias al tratarse tanto de unos elementos tecnológicos delicados como de una considerabel carga económica para las arcas públicas.
Según precisó a ABC la directora general de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado de Gobierno regional, Pilar González, la propuesta del Ejecutivo Autonómico no suscitó polémica en el seno del Consejo Escolar, en el que están representados, entre otros sectores, los sindicatos, la patronal de la enseñanza, las familias y los alumnos.
Pilar González confía en lograr el apoyo a esta medida. Por el momento, las federaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos con implantación en la Comunidad Autónoma están estudiando la propuesta y recabando la opinión de sus socios sobre la necesidad o no de esta medida.
La confianza de la directora general de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado se basa en que el departamento que dirige Juan José Mateos ya ha asegurado que las familias con menos recursos económicos, más si caba en la actual conyuntura de crisis, no deberían hacer frente a esa fianza o aval.
En cuanto a la formula exacta que se aplicaría, Educación aún está buscando una fórmula para que la carga pecunaria no sea un obstáculo para las familias, pues la Consejería de Educación acordaría implantar una tasa por uso o aval de garantía más próxima a una cantidad simbólica.
Pruebas piloto
De hecho, para Pilar González incluso es más importante la implicación de las familias en este proyecto y «su compromiso para un buen uso» de los ordenadores portátiles que reciban temporalmente sus hijos.
Es más, la directora general de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado indica que las experiencias piloto de otros paises en cuestiones similares indican «que los incidentes son mínimos», pues «todos somos conscientes del esfuerzo que hacen todos los ciudadanos» a través de sus impuestos para dotar a los alumnos de estos nuevos instrumentos educativos.
De todos modos, la Consejería de Educación prestará los primeros ordenadores en el último trimestre de este curso. «Veremos cuál es el resultado de la experiencia para calibrar, si fuese necesario, este servicio de cara al próximo curso, cuando se extenderá a más alumnos».
De entrada, una vez acabe el curso 2009-10, las familias deberán devolver los ordenadores personales, que volverán a entregarse una vez arranque el próximo periodo lectivo.
Control remoto
También se habilitarán medidas específicas para garantizar un uso correcto de los ordenadores prestados. A pesar de que el objetivo es que ofrezcan prestaciones estrictamente educativas, los microordenadores tendrán conectividad a Internet, lo que podría degenerar en usos inapropiados. Para evitar, por ejemplo, prácticas de «ciber acoso», todos los ordenadores estarán controlados en red, pudiendo bloquear su uso si hay aplicaciones inadecuadas. Es más, Pilar González asegura que «si pasan más de 48 horas sin detectarse actividad en el ordenador o no se sabe dónde está, se inhabilitará a distancia para que una persona ajena no pueda usarlo, haciendo así de su venta o robo una acción estéril».
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