Publicado Actualizado domingo , 10-1-2010 a las 03:53:30
G. S. / N. C.
MADRID. El Consejo de Ministros aprobó ayer uno de los proyectos más importantes que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se había propuesto sacar adelante en este año: la reforma de la Ley del Registro Civil, que traerá consigo, entre otras novedades, la desaparición del tradicional libro de familia, la centralización de todos los datos y su informatización. La ley podría entrar en vigor dentro de nueve meses, según el Gobierno, aunque su plena aplicación no será efectiva hasta dos años más tarde.
El anteproyecto al que ayer dio luz verde el Gobierno cambiará el concepto que, desde 1957, tenemos del Registro Civil y de las gestiones, casi siempre engorrosas, que a los ciudadanos nos toca hacer en sus distintas sedes. El objetivo de la reforma es modernizar, agilizar y hacer más accesible esta institución.
Los libros físicos se sustituirán por una base de datos electrónica y única para toda España que los ciudadanos podrán consultar a través de internet o bien acudiendo a cualquiera de las oficinas del Registro Civil repartidas por todo el país. El libro de familia, tal y como lo conocemos, será sustituido por «certificaciones registrales» que podrán solicitarse en internet o por ventanilla. Todas las operaciones que se realicen por los ciudadanos a través de la red requerirán de firma electrónica, lo que garantiza la seguridad del sistema.
Otra importante novedad consiste en que el registro ya no será de hechos sino de personas, lo que significa que cada ciudadano tendrá una ficha en la que figurará su historial civil (matrimonio, divorcio, paternidad...) desde el día de su nacimiento. Además, con la nueva ley cada bebé recibirá un Código Personal de Ciudadanía (CPC) en el momento en que quede registrada su llegada al mundo. Ese código alfanumérico servirá después para realizar cualquier trámite en el Registro Civil.
En cualquier caso, la necesidad de acudir personalmente a las oficinas del Registro Civil será algo excepcional, lo que se traduce en una mayor comodidad para el ciudadano. Las administraciones y los funcionarios públicos podrán acceder a la información registral, por lo que ya no será necesario aportar certificaciones cada vez que se necesite efectuar un trámite.
Desjudicializado
Por otra parte, el Registro Civil quedará desjudicializado, algo que la reforma considera imprescindible para su «modernización». Esto supone que se convertirá en un órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios cualificados. No obstante, todas las decisiones que éstos adopten estarán sometidas al control de los jueces. Lo que el Gobierno pretende es, según dijo ayer Caamaño, «descargar a los jueces de una función impropia» para que puedan dedicarse a «juzgar y ejecutar lo juzgado».
La vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el nuevo registro será «moderno, rápido, accesible, sustentado en las nuevas tecnologías y pensado para los ciudadanos».

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