fusiones, martillazos
fusiones, martillazos
Publicado Actualizado domingo , 10-1-2010 a las 12:08:52
Para el actual gobernador del Banco de España, las cajas de ahorros son una anomalía del sistema: no tienen accionistas que exijan resultados a sus gestores, no pueden ser adquiridas por un competidor, en demasiadas ocasiones se ven sometidas a los caprichos del poder político y, lo que es peor, son muchas y pequeñas. Todo esto podía ser irrelevante mientras las cosas iban bien, en los tiempos de las vacas gordas y las burbujas; sin embargo, la crisis y la excesiva vinculación al mundo del ladrillo han colocado ahora a algunas de ellas al borde del precipicio, al tiempo que han proporcionado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez el argumento que necesitaba para imponer su proceso de «fusiones a martillazos». El objetivo final es reducir en un tercio el número de entidades de este tipo en el plazo de un año. Y en eso está.
Ya hay en marcha ocho presuntos «matrimonios de conveniencia»: Cajastur+CCM; Caja Navarra+General de Canarias+Sa Nostra+Caja Burgos; Caja Rioja+Caja Insular de Canarias+Caja Inmaculada; Unicaja+Caja Jaen+Cajasur; Caja Sol+Caja Guadalajara; Caja España+Caja Duero; Caixa Catalunya+Caixa Manresa+Caixa Tarragona, y, en último lugar, Caixa Sabadell+Caixa Terrasa+Caixa Girona+Caixa Manlleu. Se da por sentado que todas estas uniones terminarán llegando a buen puerto, aunque algunas de ellas vayan bastante más despacio de lo que le gustaría al gobernador.
Proceso imprescindible
Las cajas aseguran que no se oponen a las integraciones, en contra de lo que pueda parecer. Es más: las consideran imprescindibles, en las actuales circunstancias. Hasta ahora, con la excepción de Caja Castilla-La Mancha, el sector ha sido capaz de resistir la crisis. Pero si ésta durase tres años más -algo que no es descartable- «aquí no sobrevivirá nadie; ni bancos ni cajas ni empresas de ningún tipo», aseguran fuentes financieras. Ante esta perspectiva, las fusiones se convierten en la mejor fórmula de recortar gastos y de afrontar el futuro, si no con garantías, al menos con probabilidades reales de éxito. Pero antes, obviamente, hay que crear las condiciones.
Para Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), el proceso de fusiones «debería ir precedido de una serie de reformas legislativas que, por una parte, refuercen el modelo corporativo de las cajas y que, por otro lado, faciliten la reestructuración del sector de una forma ordenada y con garantías para el futuro».
El FROB que no llega
Las cajas han pedido por activa y por pasiva la puesta en marcha del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que permita, tanto a ellas como a los bancos, contar con la financiación necesaria para redimensionarse, tengan o no problemas. En realidad, el famoso Fondo ya está diseñado por el Gobierno y contaría con una dotación de 90.000 millones de euros; el problema es que todavía no ha recibido el imprescindible visto bueno de la Comisión Europea, que lo mantiene bloqueado por problemas técnicos y burocráticos, sin que el ejecutivo español, de manera para muchos inexplicable, haya mostrado demasiado interés por agilizar su aprobación.
El sector también reclama al Gobierno que aborde las reformas necesarias para reducir el peso que los partidos políticos tienen en las cajas y, asímismo, facilitar las fusiones entre entidades de diferentes regiones. Algo que en estos momentos parece imposible, dado el nivel de control que mantienen las comunidades autónomas. El caso reciente de Caja Madrid y la lucha política sin cuartel que se desató en torno a la sucesión de su presidente, Miguel Blesa, debería invitar a la reflexión.
Indefinición de los SIP
Tampoco están contentas las cajas con la indefinición que rodea a los denominados Sistemas Institucionales de Protección, los SIP, que constituyen la fórmula elegida por algunas de ellas para llevar a cabo sus fusiones. El SIP es un «ente» creado por diversas cajas y al que se aporta la porción del negocio que estas entidades han decidido compartir. Si el proceso termina cuajando, con el tiempo el SIP acabará por absorber todo la actividad y quedará constituida una entidad única.
La CECA considera que estos Sistemas deberían adoptar la forma jurídica de una caja -que, en realidad, es una fundación-, para preservar la singularidad del sector. Por el contrario, el Banco de España quiere que los SIP tomen la forma jurídica de un banco, con todo lo que esto implica. Serían sociedades anónimas y, por lo tanto, susceptibles de ser vendidas a terceros. Para Quintás, éste sería «el primer paso para la desnaturalización del sector de las cajas, tal y como ocurrió en Italia». Aunque allí no se hizo «de tapadillo», sino mediante una Ley que fue discutida y aprobada en el Parlamento.
Sin «hoja de ruta»
Desde la oposición política, se reprocha asimismo al Banco de España que no haya elaborado una auténtica «hoja de ruta» de la remodelación del sector, en la que se concrete cómo quiere el supervisior que sean las cajas de ahorros del futuro y qué pasos se han de seguir para conseguir que esta mitad del sistema financiero español alcance una dimensión adecuada, acorde con los nuevos tiempos, manteniendo su tradicional solvencia.
Los más críticos con el gobernador del Banco de España le acusan de no haber dado ninguno de estos pasos previos, imprescindibles para abordar después, con las mínimas garantías, un proceso de fusiones. Muy al contrario, Miguel Ángel Fernández Ordóñez habría actuado a impulsos y sólo después de la negativa experiencia vivida en el caso de Caja Castilla-La Mancha (CCM).
Esta entidad, presidida entonces por el ex diputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó, fue intervenida el 29 de marzo del año pasado, cuando se encontraba a un paso del colapso, con 3.500 millones de euros de activos dudosos, una tasa de morosidad cercana al 12% -ahora superaría ya el 17%- y un gravísimo problema de liquidez. El Banco de España había rechazado previamente la propuesta de Unicaja para hacerse cargo de CCM por su elevado coste, que podría haber llegado hasta los 3.000 millones de euros. Intervenida y gestionada por el supervisor, la solución final fue adjudicar Caja Castilla-La Mancha a Cajastur, con un coste que, según fuentes financieras, podría rondar los 3.500 millones de euros, por encima de la rechazada «opción Unicaja».
Fondo de Garantía
La alusión al montante de la operación no es gratuita, pues parte de ese dinero (unos 1.300 millones) saldrá del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas, con lo que éstas deberán aumentar su aportación al mismo. En total, este año tendrán que poner, entre todas, 460 millones de euros.
Fernández Ordóñez no quiere, bajo ningún concepto, que el caso de CCM se repita, por lo que está sometiendo a las entidades a una presión que para algunas resulta asfixiante. El último ejemplo, el de Caja España y Caja Duero. Los consejos de administración de ambas aprobaron el pasado 5 de enero la fusión que dará lugar a la nueva Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad (así se llamará la entidad). Y lo hicieron a menos de 24 horas para que expirase el ultimátum que les había dado el Banco de España. O se fusionaban antes del día de Reyes o serían intervenidas. La advertencia surtió efecto, pese a que la falta de sintonía entre las cúpulas de ambas cajas es más que evidente.
En el sector no se entienden muy bien estas prisas del Banco de España y se insiste en que cada entidad debería tener la suficiente autonomía como para decidir en qué momento entra en un proceso de fusión. El caso de Caja Castilla-La Mancha, recuerdan, es una excepción en un sistema que, aunque castigado por la crisis y, en especial por la morosidad, tiene «colchón» para resistir mientras se reestructura.
Recorte del beneficio
En su conjunto, el sector de las cajas ha reducido de forma drástica los beneficios, aumentando en igual medida las dotaciones para cobertura de la morosidad, el verdadero problema de todo el sistema financiero español. En los nueve primeros meses del año 2009 -últimos datos disponibles-, los grupos consolidados de las cajas de ahorros españolas obtuvieron un beneficio atribuido de 4.505 millones de euros, lo que representa un 34% menos que en el mismo periodo del año anterior. Mientras, el volumen de cobertura por riesgo de crédito se elevó hasta los 24.204 millones de euros. La morosidad se situó en el 5,1%, con una subida de 1,4 puntos en sólo doce meses.
Frente a estos números, los del sector de bancos -la otra mitad del sistema- resultan un poco más digeribles. Hasta septiembre, los grupos bancarios españoles ganaron 12.709 millones de euros, con un recorte del 10,7% respecto a 2008. Las provisiones aumentaron un 66%, hasta alcanzar los 15.993 millones de euros. La morosidad de estas entidades se situó en el 4,2%.
Créditos dudosos
Las últimas modificaciones normativas introducidas por el Banco de España han endurecido de forma considerable los niveles de provisiones que deben realizar las entidades. El conjunto de las cajas, con los nuevos criterios, tiene un total de 48.000 millones de euros en créditos que se pueden considerar dudosos. Es decir: los préstamos morosos (que llevan tres meses sin pagar) más aquellos que, sin tener todavía esta condición, la entidad tiene la sospecha de que en el futuro más inmediato podrían dejar de ser pagados.
Los cálculos que hace el propio Banco de España es que el 15% de esos créditos dudosos terminarán convirtiéndose en fallidos. Lo que en el caso de las cajas equivale a 7.200 millones de euros que no serán devueltos por las personas que solicitaron los préstamos. Esta cantidad, insisten las cajas, estaría cubierta más que de sobra por los 24.000 millones de euros de provisiones que las cajas han ido acumulando en los últimos meses, a costa de recortar beneficios.

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