Publicado Actualizado domingo , 10-1-2010 a las 21:40:45
La Consejería de Administración Autonómica ha centrado gran parte de su labor en esta legislatura en hacer realmente de sus relaciones con los ciudadanos de Castilla y León un servicio público fluido y práctico, desterrando la tradicional burocracia que ha envuelto el trato al ciudadano ante las diversas estructuras administrativas, desde la central a la local, pasando por la regional. Con ese objetivo, el departamento que dirige Isabel Alonso ha presentado el anteproyecto de Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus Relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, que unifica por primera vez todas las normativas existentes hasta ahora y dispersas en una verdadera maraña legislativa. Por todo ello, la consejera califica esta futura ley en como «pionera» en España.
Entre las medidas que reforzarán la atención al ciudadano por parte de la Administración autonómica destaca el reconocimiento expreso del «derecho de participación» y del «derecho de petición» de éste al objeto de hacer de este servicio público una prestación ágil y eficaz, con el propósito de «anticiparse a los problemas y demandas de los ciudadanos».
Conocer la opinión
Para articular esa participación, el anteproyecto contempla la articulación de instrumentos para conocer la opinión de los ciudadanos a través de encuestas y sondeos, aunque será la posibilidad de presentar sugerencias para la mejora de la prestación de servicios la más eficiente.
También se reconoce la obligación de la Administración a no exigir al ciudadano la aportación de documentación que ya se encuentra en su poder por anteriores gestiones y a no repetir las que ya se han realizado en procedimientos pretéritos en otras administraciones. Este aspecto está remarcado en el anteproyecto como un concepto de economía de medios y tramitaciones, en el que los funcionarios necesariamente jugarán un papel importante, así como los medios materiales e informáticos que habilite la Administración autonómica para este fin.
Responsabilidad económica
Con base en la legislación estatal, la futura normativa regional establece que «los ciudadanos tienen derecho a exigir responsabilidades por los retrasos injustificados, incorrecciones o perjuicios sobre sus derechos y, a tal fin, tienen derecho a poder identificar a las autoridades y empleados públicos responsables de la tramitación de los procedimientos administrativos». Además, en la norma se remarca el derecho a reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y empleados públicos».
En este sentido, desde la Consejería se asegura que «la nueva Ley profundiza en el derecho a exigir responsabilidades en relación a las personas que toman las decisiones y dirigen los procedimientos». Por ello, indican que se trata de «un concepto de responsabilidad muy amplio que incluiría, por poner un ejemplo, los perjuicios económicos de un negocio por una mala tramitación administrativa».
Por otra parte, el silencio administrativo positivo será la regla general en la resolución presunta de los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de los ciudadanos.
Sin embargo, la administración podrá acogerse a razones de orden y seguridad pública, protección civil, salud pública, protección contra el fraude, respeto al medio ambiente o la propiedad intelectual o industrial, entre otras situaciones para optar por el sentido negativo como respuesta.
Desde la Consejería de Administración Autonómica, sin embargo, se recalca que «la mayor garantía para nuestros ciudadanos es que esas razones deberán quedar explicitadas en una norma con rango legal, de manera que se deja en manos del legislativo el control y la limitación de tales casos».

Enviar a:

¿qué es esto?