Juristas, blogueros y creadores debaten en ABC la normativa que hoy aprueba el Consejo de Ministros para regular las descargas
El punto de encuentro
Teniendo en cuenta la procedencia de los comparecientes a la mesa del debate digital, es casi asombroso afirmar que se llegó a un punto de encuentro. Pero se alcanzó y fueron ellos los primeros sorprendidos.«Ya estoy de acuerdo, no queremos más», llegó a expresar con efusividad Álex de la Iglesia al recoger el guante lanzado por el fundador de Web Logs, Julio Alonso. Éste, en minoría numérica ayer en lo que a posturas encontradas se refiere, expresó con claridad que «un autor tiene derecho a que se reconozca su obra, a controlarla y a que no haya terceros que se lucren de ella mediante su difusión». El nexo entre ambas posturas desembocó también en el núcleo gordiano del debate en la Red: el enlace. Teniendo claro que «internet es lo que es por el enlace», como explicó Alonso, y que «alguien debe responsabilizarse de lo que ocurre en la Web», en palabras del director de la Coalición de Creadores, quedó clara la necesidad de posibilitar la existencia de webs que permitan las descargas legales. De la Iglesia no quiso olvidar al usuario. «Todo el mundo tiene un miedo atroz a la reacción de internet y cambia de opinión al segundo. Es muy triste que el Gobierno no asuma sus compromisos».
Actualizado Miércoles , 10-02-10 a las 12 : 03
Oskar Schindler elaboró su famosa lista allá por 1939. La actual ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, confeccionó lo que ya se conoce como «la lista de Sinde» a principios del pasado mes de diciembre con motivo de la rebelión virtual urdida en la Red después de que el Gobierno introdujese una controvertida disposición en la Ley de Economía Sostenible. Y ayer ABC logró reunir, en lo que podría denominarse «grupo de expertos abecedarios», a cinco personajes implicados de un modo u otro en la actual controversia digital para arrojar algo de luz sobre tan polémica cuestión.
Pues bien, mientras hoy nuestro políticos dan a conocer la decisión final sobre el cierre (o no) de webs con (o sin) autorización judicial, la conclusión del debate mantenido en ABC es más que positiva. Aunque no lo crean, Álex de la Iglesia (presidente de la Academia de Cine), Julio Alonso (fundador de Web Logs), Joan Navarro (director de la Coalición de Creadores), José Antonio Suárez (abogado de EGEDA) y Paloma Llaneza (jurista experta en internet) llegaron a un punto de encuentro entre tanta desavencia virtual: el papel indispensable del autor como máximo representante de la industria. Pero antes de llegar a tan idílico destino, el camino estuvo repleto de sinuosas curvas. La primera, el factor climatológico que hizo de Madrid una ciudad casi intransitable. Y las siguientes, de sobra conocidas por los seguidores de la polémica: descargas, piratería, industria, legislación y compañías telefónicas.
Inicio de la contiendaEl encargado de abrir fuego fue el representante de EGEDA. Su postura es de sobra conocida y no sorprendió a nadie al afirmar que «el Gobierno aún no ha adoptado ninguna medida. Somos uno de los países peor situados en materia de piratería». La mecha encendida surtió efecto y la mención de la Presidencia europea como máxima contradicción en esta materia hizo que tanto Julio Alonso como Paloma Llaneza mostraran su desacuerdo con el abogado, algo que se repetiría a lo largo de las dos horas de intenso debate.
Una intensidad auspiciada en gran parte por la presencia en la mesa del presidente de la Academia de Cine. Álex de la Iglesia puso de manifiesto su postura, una postura que «no defiende al Gobierno, sino a una industria en la que cada día se pierden cientos de trabajos y que necesita una legislación con urgencia. Prefiero que llegue tarde, antes que nunca». En el mismo flanco se situó Joan Navarro al afirmar con contundencia que «la piratería digital es un robo vergonzoso. Habría que preguntarse por qué el Estado ha tardado tanto en empezar cuando en Europa llevan ya un largo camino recorrido».
Un camino legal que, sin embargo y a la vista de la rebelión en la web del mes pasado, no satisface a todos los ciudadanos. Prueba de ello es la marcha atrás que el Ejecutivo se ha visto obligado a dar hoy mismo. Un giro que, según Paloma Llaneza, se ha producido porque «en España se legisla a golpe de impulso, por vía de urgencia, y eso hace que nuestra legislación sea impotable. Lo que el Gobierno pretende es una aberración y demuestra que estamos en manos de gente que no se lee las leyes».
El incedio estaba ya declarado y fuera de control cuando De la Iglesia introdujo la cuestión de la propiedad intelectual, que «parece menos propiedad que otras. Parece que la agricultura es más importante que la cultura, que los tomates son más importantes que las películas y esa postura está matando a la industria». Una industria que, queramos o no, se ha transformado. Fruto de esa reconversión es la ingente actividad cultural localizada en la Red y que hace que hasta el mismísimo sobrino del presidente de la Academia descargue películas. «Mi sobrino piratea mis películas y no quiero que por eso acabe en la cárcel», manifestó un elocuente De la Iglesia. Fue dicha confesión familiar la que hizo aparecer un ambiente distendido. Efímera tregua en la contienda, pues el director de cine puso las gafas sobre la mesa y habló claro: «El retraso de que no haya una Ley beneficia a un montón de gente». Postura refrendada por el director de la Coalición de Creadores, quien aclaró que no estaba allí «para defender al Gobierno, que en este tema está haciendo microcirugía legal».
Y entre tanta cirugía y agricultura entró en acción el personaje más polémico de todos, las compañías telefónicas. Para ellas, según todos los allí presentes, está hecha la actual legislación. Se hace necesario, por tanto, borrón vitual y cuenta nueva.

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