Viernes , 04-12-09
No hace falta que nos escondamos, como creyentes vergonzantes, en la «cultura cristiana» para defender la presencia del crucifijo en las escuelas. La Constitución obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y, mientras no se demuestre lo contrario, la mayoría de los españoles seguimos siendo cristianos, esencialmente católicos. Es cierto que si en algún colegio público los padres decidiesen retirar de sus aulas el crucifijo, habría que descolgarlo, pero no parece que eso sea un problema en la casi totalidad de los institutos. Entonces, ¿a qué viene ahora esta historia?
El tema se está calentando desde hace tiempo y ya saltó a la palestra el verano pasado con los rumores sobre la publicación de un proyecto de ley de libertad religiosa que sustituiría a la actual y que, al parecer, se venía cocinando desde hacía meses. Se trataría de una reforma innecesaria, según sostiene la confesión mayoritaria, es decir la católica, y también en opinión de una de las minoritarias que, hasta donde mi información alcanza, es el criterio de la confesión judía. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que la nueva ley sólo pretendería favorecer a las dos confesiones más desestructuradas, por decirlo de un modo suave, o sea la musulmana y la evangélica.
Cuando en tiempos de la Segunda República se planteó lo mismo, Miguel de Unamuno dejó dicha su opinión: «La presencia del crucifijo en las escuelas no ofende a ningún sentimiento ni aún al de los racionalistas y ateos; y el quitarlo ofende al sentimiento popular hasta el de los que carecen de creencias confesionales». El laicismo rampante de Zapatero y de su gobierno es una pesada cruz que la Iglesia española tiene que aprender a conllevar con paciencia. No es éste el momento, ni el país, para lanzar «cristeros», martirios o persecuciones. Sólo una fe positiva resulta convincente frente a la nueva iconoclastia.

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