La ley de economía sostenible ayudará a las empresas a que compitan en el exterior

Esta ley fue anunciada hace unos meses a «bombo y platillo» por Rodríguez Zapatero como una herramienta básica para salir de la crisis y con un objetivo prioritario: cambiar el modelo productivo.

El Gobierno coincide con los expertos en que la economía española no puede basarse ya en la construcción y en el turismo de «sol y playa», por lo que los nuevos pilares serán la I+D+i, las energías renovables, las nuevas tecnologías y un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Sostenible

Hay que recordar que una economía sostenible es aquella que se desarrolla sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes para no comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

Entre otras prioridades, «con esta ley queremos ayudar a la reasignación de recursos hacia sectores productivos más integrados en el exterior, con capacidad y ambición de competir en el mundo», aseguran fuentes del Ministerio de Economía.

Y por ello, la nueva ley reordenará los incentivos ya existentes a la internacionalización de la empresas y creará otros nuevos. Se trata, según el Ejecutivo, «de utilizar un abanico de instrumentos para detectar aquellas actuaciones que pueden ser de interés nacional y que reviertan en beneficio para las empresas y la economía española», según consta en el documento con las líneas básicas de la nueva norma, que el Gobierno ha remitido a los agentes sociales.

Seguro a la exportación

Y es que el Ministerio de Economía está convencido de que la recuperación puede venir del sector exterior. Si nuestros vecinos europeos se recuperan, y los países emergentes tiran de la economía mundial, las empresas españolas deben estar ahí aprovechándose de ese tirón. Y para ello es necesario que las empresas alcancen el tamaño suficiente. Fomentar, por tanto, que las empresas crezcan será también una de las prioridades de la ley.

Como instrumento fundamental para estos objetivos se modernizará el sistema financiero de apoyo a la internacionalización, ampliando la oferta de garantías y coberturas de la Compañía Española de Seguro del Crédito a la Exportación.

Otra de las pretensiones de José Luis Rodríguez Zapatero es reorientar la actividad de la construcción de viviendas hacia la rehabilitación y renovación urbana.

Quien contamina paga

En materia de fiscalidad, la nueva norma modificará los incentivos al I+D+i y modulará algunos impuestos para gravar más las actividades más contaminantes. En este sentido, Hacienda ha descartado en varias ocasiones que se vaya a crear un nuevo tributo mediambiental para gravar actividades contaminantes, pero sí acepta que haya una nueva distribución de tipos, e incluso de bonificaciones fiscales en tributos ya existentes. Este puede ser el caso del impuesto de Circulación, que el Gobierno quiere ligar a las emisiones, de modo que los vehículos que más contaminan paguen más. De todos modos, al ser un impuesto municipal, la decisión final debe ser consensuada con los ayuntamientos.

Otro de los objetivos de la ley es mejorar la regulación y la eficiencia de la gestión pública. Para ello, se pretende reducir las cargas administrativas para los ciudadanos y las empresas, en línea con lo que ya exige la UE. Dentro de este ámbito se enmarcaría la eliminación de trabas para la creación de empresas. Aunque éste ha sido un objetivo prioritario para los inquilinos de la Moncloa desde hace más de una década, crear una empresa sigue siendo una tarea complicada en España. La nueva norma incorporará mecanismos de coordinación entre administraciones.

Organismos reguladores

La ley de economía sostenible, como ya informó ABC, fijará unos criterios homogéneos sobre el funcionamiento de todos estos organismos en aspectos como gobierno, independencia, duración de los mandatos y tamaño de los consejos. La norma aclarará las competencias de los distintos reguladores -Comisión Nacional de Competencia (CNC), Comisión Nacional de Energía (CNE) y Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CMT)-, lo que ha despertado ya suspicacias en los sectores afectados porque Competencia podría tener poder sobre los otros dos reguladores sectoriales en materias que afecten directamente a la competencia económica.

Fondo de 20.000 millones Para cumplir estos objetivos, el Gobierno pretende crear un fondo, dotado con 20.000 millones de euros que, en principio, aportarían a partes iguales el ICO y la banca.

Esta financiación se pondría a disposición de los empresarios a lo largo del próximo año. No obstane, el Ejecutivo todavía no tiene el compromiso de las entidades financieras. Lo que sí ha aprobado ya el Consejo de Ministros es una dotación de 5.000 millones, con cargo al Presupuesto de 2010, para que los ayuntamientos inviertan en economía sostenible.

El Ejecutivo socialista también quiere incluir en esta ley un gran pacto de Estado por la educación y la revisión del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), con los objetivos de apoyar el transporte público, incrementar el uso del ferrocarril para el transporte de mercancías y modernizar el mantenimiento de las infraestructuras.