La nueva ley de auditoría, que el Gobierno acaba de remitir a las Cortes, limita la responsabilidad de los auditores, de modo que solo responderán de los daños que les sean directamente imputables y no de los causados por sus clientes, según explicaron ayer fuentes del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía.
La norma, con la que se transpone a la legislación española la directiv comunitaria 2006/43, reduce de 15 a 4 años el periodo máximo durante el cual se puede exigir responsabilidad civil al auditor por los posibles daños causados. Además se reducen las sanciones por infracciones graves y muy graves.
También se flexibilizan los criterios de independencia que se exigen a los profesionales para que puedan examinar las cuentas de una compañía. No obstante, la nueva norma refuerza el sistema de supervisión pública de la actividad.
Para el regulador de la auditoría, el ICAC, la nueva norma no será más laxa, sino más justa que la actual y puede incluso conllevar un control más efectivo.

Enviar a:

¿qué es esto?