El caso de la gestión del Ayuntamiento de Cuenca durante el mandato del socialista José Manuel Martínez Cenzano, con 38 irregularidades de todo tipo denunciadas por el Tribunal de Cuentas, vuelve al Congreso después de revelar ABC que la Fiscalía mantiene paralizado el proceso judicial planteado por el propio órgano fiscalizador del Estado desde principios de este año. «Hay responsabilidades penales, como sostiene el Tribunal de Cuentas en su informe correspondiente, se dan datos contundentes de prevaricación y malversación de fondos públicos y ahora toca a la Justicia fijarlas», recordó el portavoz del Grupo Popular en la Comisión parlamentaria de relaciones con el máximo órgano fiscalizador del Estado, Ramón Aguirre.
El PP tramitará en las Cortes una batería de preguntas para que el Ministerio fiscal aclare los motivos o instrucciones recibidas para obstaculizar las averiguaciones sobre un caso en el que ya tiene hecho la mayor parte del trabajo. El senador Agustín Conde pedirá además información sobre si la Fiscalía actúa así en toda la región de Castilla-La Mancha.
Con Martínez Cenzano, ahora Defensor del Pueblo autonómico, al frente del consistorio conquense se llegaba a ejecutar la mitad del presupuesto del Ayuntamiento durante años «sin respaldo legal alguno», según recuerda Aguirre. Es uno de los datos del informe del Tribunal de Cuentas. El alcalde procedió a la prórroga automática de los presupuestos de 1998 durante ocho ejercicios.
El órgano fiscalizador también denunció retribuciones ilegales y el incumplimiento general de la ley de contratos del Estado además de una vulneración constante de la normativa urbanística.

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