Crónica de una fusión no anunciada
En 2002, Álvaro Arvelo, por entonces director general de CajaCanarias, y Juan Manuel García Falcón, director general de La Caja, anunciaban distintas líneas de colaboración, como si estuviesen «fusionadas» | ABC
El futuro: entre el aparente rechazo de La Caja y las esperanzas de «converger»
Entre los dos procesos de integración protagonizados por CajaCanarias y La Caja, ha existido una diferencia fundamental: mientras desde la entidad tinerfeña se apuesta abiertamente por la incorporación de otras instituciones, fuentes de la grancanaria adelantaban a ABC, apenas horas después de confirmarse la noticia, que, «en principio», la integración con Caja Rioja y la CAI era una «operación cerrada», por lo que no se espera la participación de otras cajas. De ser así, la última posibilidad de contemplar de la mano a las dos grandes instituciones financieras de las Islas se diluiría definitivamente. El propio consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, no descartaba que las dos líneas de trabajo acaben por «converger» en un futuro, habida cuenta de que, de confirmarse los pronósticos, serán alrededor de cinco los grupos financieros que operarán en España tras la reestructuración.
Domingo , 01-11-09
Antes o después, el tupido entramado que forman las cajas de ahorro en España tenía que empezar a dejar ciertos agujeros que dieran entrada al aire en forma de recursos. El proceso, que cuenta, incluso, con su propio Fondo de Reestructuración Ordenada, más conocido como FROB, tiene en el Archipiélago uno de sus principales centros de operaciones. Así, los pioneros proyectos de integración puestos en marcha por CajaCanarias y La Caja de Canarias han atraído la mirada del ajetreado subsector hacia las Islas. Esta particular partida de ajedrez, en la que hay que tomar posiciones cuanto antes, comienza a jugarse en el tablero insular. Eso sí, paradójicamente, las dos grandes instituciones financieras de la región han preferido ocupar, por el momento, «bandos» diferentes, si bien armados bajo las mismas premisas.
Desde que la crisis obligase a replantear el futuro de las cajas, algunas de las cuales tendrían prácticamente imposible su supervivencia en el complejo contexto que acecha, el Archipiélago aparecía como una de las autonomías donde la solución resultaba, en apariencia, sencilla: al fin, CajaCanarias y La Caja contraerían «matrimonio». La mayoría de los agentes del sector y de la política se mostraban partidarios del enlace. Sin embargo, y como por entonces ya publicaba ABC, dos factores amenazaban con volver a echar por tierra una eventual fusión: la posición de fuerza de la entidad tinerfeña y los aún latentes recelos derivados de los insularismos o, en definitiva, del «pleito insular».
La fusión al uso de las dos entidades, que, a ojos del Banco de España, resulta la mejor de las fórmulas, habría derivado en una macroinstitución con un volumen de activos nada desdeñable: 22.700 millones de euros (unos 13.300 de CajaCanarias y alrededor de 9.400 de La Caja). Con esa cifra, la nueva entidad se hubiese posicionado como la decimoquinta caja de ahorros del Estado. Sin embargo, existían pesadas incógnitas por resolver: ¿quién lideraría la institución resultante?; ¿aceptaría La Caja una fórmula basada en la absorción?; ¿aceptaría CajaCanarias una fusión en
tre iguales? Según se ha comentado desde las dos entidades, ambas cajas estudiaron «todas las posibilidades». Pero la fusión intrarregional acabó por no convencer, si bien siempre pareció que los mayores esfuerzos en esa dirección se realizaban desde la institución grancanaria.
El SIP
Y es que, por más que pueda parecer extraño, y tal y como comentan los expertos consultados por este diario, CajaCanarias y La Caja «tienen más cosas en común con entidades de la Península que entre ellas». Tanto es así que ambos procesos de integración tienen su germen en sendas plataformas de colaboración. La entidad tinerfeña y Caja Navarra (Can) iniciaron su proyecto, aún sin saberlo, en el marco de la red «Viálogos» y en distintas «relaciones de negocio», en palabras del director general de la Can, Enrique Goñi. Por su parte, La Caja comparte con Caja Rioja y la Caja de Ahorros Inmaculada (CAI), amén de con Caixa Sabadell, la Asociación Técnica de Cajas de Ahorro (ATCA). De este modo, irrumpe el, por entonces, desconocido SIP.
Este Sistema Institucional de Protección, mal llamado «fusión virtual» —término rechazado desde las dos entidades de las Islas—, ha pasado, en menos de un mes, de ser una fórmula desconocida a ocupar las portadas de los diarios. Las pioneras han sido CajaCanarias y la Can, que el pasado 7 de octubre presentaban su proyecto ante el regulador. Hace sólo unos días, La Caja, Caja Rioja y la CAI emulaban, con «matices» aún por esclarecer, la fórmula de la tinerfeña y la navarra mediante un proceso similar.
El resultado inmediato de ambas integraciones en proyectos comunes con entidades peninsulares arroja buenos números, lo que supone un paso adelante en la economía de escala. En el primero de los casos, CajaCanarias y la Can dan pie a un grupo —si se produjese la incorporación de otras cajas, como es deseo de ambas instituciones— que integra ya unos 32.000 millones de euros en activos.
La Caja, Caja Rioja y la CAI no alcanzan tales cifras, pero sí llegan hasta unos nada despreciables 24.000 millones. Es decir, en una primera apreciación, y en lo que a activos se refiere, las dos entidades canarias obtienen más de lo que habrían amasado en común: los citados 22.700 millones.
En consecuencia, y sin contar posibles nuevas adhesiones, CajaCanarias y La Caja dan un paso adelante en cuanto a su capacidad para captar activos en los mercados internacionales; en otras palabras, ganan en economía de escala. Sin embargo, las dudas que rodean al SIP entre algunos sectores —especialmente, entre los sindicatos, que vienen reclamando transparencia en ambas operaciones— hacen hincapié en una serie de aspectos que pueden llegar a poner en entredicho determinados puestos de trabajo.
En este punto, el temor pasa por que la «deslocalización» de algunos de los servicios que pasen a gestión común, como podría ser la política de riesgos, acabe por tener efectos en el empleo.
Sea como fuere, ambas entidades han desmentido cualquier tipo de repercusión en el ámbito laboral y vienen también insistiendo en que el grado de concurrencia de sucursales fuera de la región es mínimo, lo que también «salvaría» muchos puestos de trabajo.

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