El Gobierno busca más «transparencia» municipal para frenar la corrupción
El Gobierno trabaja en otra reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) que dé una vuelta de tuerca a la «transparencia» en la gestión de contratas plurianuales y convenios urbanísticos, admiten fuentes gubernamentales a ABC. Se trata de atajar la sensación de corrupción generalizada producida por casos como «Gürtel» o «Pretoria».
El último gran cambio de la LBRL, introducido como disposición adicional en una reforma de la Ley del Suelo de mayo de 2007, pretendió sacar de la opacidad (al menos eso se defendió desde el Ejecutivo) los convenios urbanísticos, la adquisición de bienes y derechos por valor superior al 10% del presupuesto municipal, y las permutas de parcelas y edificios. Hasta entonces sólo gestionaba el equipo del alcalde. Desde entonces lo ve el pleno municipal para conocimiento ciudadano, como ocurre con el plan general de urbanismo.
Pero la experiencia ha demostrado que no fue suficiente. Las fuentes consultadas admiten que llevan «tres meses» dándole vueltas a esta nueva reforma de la LBRL porque no resulta fácil: al final, la corrupción supone que alguien facilita dinero negro, complicado de fiscalizar, a un cargo público por una decisión que, en la mayoría de los casos, se ampara en la maraña legal de las adjudicaciones. Además, muchos de los concursos son con el método de «sobre cerrado». Contratistas y constructores no quieren desvelar sus estrategias a la competencia.
Para introducir luz, el Ejecutivo quiere que todo el procedimiento pueda ser colgado en Internet, y estudia endurecer aún más la declaración patrimonial de los ediles, sin tener hasta la fecha un modelo cerrado. En cuanto a los cambios de suelo, se quiere introducir una explicación pública de por qué un suelo pasa de ser rústico a urbanizable, y que toda modificación presupuestaria de una contrata o adjudicación sea autorizada por el pleno. Además se dará más poder fiscalizador a la oposición.
De la dificultad del empeño dio muestra ayer la diferente reacción que mostraron Zapatero y De la Vega. El primero, desde Bruselas, se mostró abierto a reformas, pero no lo dio por cerrado. Fue De la Vega quien anunció en Madrid la posible reforma de la LBRL.
El PP, por su parte, anunció que planteará en el Congreso una reforma del Código Penal para endurecer las condenas por estafas o cohecho con dinero público en que estén implicados políticos corruptos.

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