El juez Garzón comunicará hoy a las 20.00 horas su decisión a Bartomeu Muñoz, que según su abogado «no se plantea dimitr»
Actualizado Viernes , 30-10-09 a las 16 : 27
El fiscal anticorrupción Luis Pastor ha solicitado al juez Baltasar Garzón que ordene el ingreso en prisión incondicional del alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz (PSC), tras comparecer en relación con la operación "Pretoria" contra la corrupción urbanística en Cataluña.
Así lo han informado su abogado, Fermín Morales, que ha asegurado que Muñoz "está entero", aunque "sorprendido y desconcertado por la dimensión mediática que ha adquirido todo este asunto".
El alcalde ha contestado a todas las preguntas del fiscal y el juez, que le ha citado a partir de las 20.00 horas para comunicarle su decisión sobre la medida solicitada por el Ministerio Público.
Las fuentes consultadas han relatado que el alcalde ha dado "explicaciones puntuales" al juez sobre adjudicaciones de obras y servicios y gestión municipal y que no ha sido preguntado por hechos relacionados con un posible blanqueo de capitales y evasión fiscal, "con los que nada tiene que ver", según su abogado, que asegura que ni siquiera conoce a los ex altos cargos de la Generalitat también acusados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
El fiscal imputa a Muñoz, que ha mostrado una "actitud de absoluta colaboración policial y judicial", los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, entre otros.
Además de Muñoz, también han comparecido ante el juez Alavedra, Prenafeta; así como el ex diputado del PSC Luis García, el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo Manuel Dobarco y el empresario Manuel Carrillo. Para este último el fiscal ha solicitado el ingreso en prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros, y el juez le comunicará su decisión final a última hora de esta tarde, al igual que al resto de los detenidos.
El magistrado ha interrumpido los interrogatorios a las 15.15 horas, después de tomar declaración a las seis imputados, y los reanudará a partir de las 16.30 horas.
Muñoz, que fue el quinto detenido en declarar ante Garzón, destacó también en su declaración que no conoce de nada a Alavedra y Prenafeta, por lo que su conexión con los detenidos se limita a que ha tenido trato con su compañero de partido Luis García, "Luigi", presunto cerebro de la trama.
No se plantea dimitirEl letrado también destacó que el regidor no se ha planteado de momento dimitir de su cargo y que siempre ha colaborado con los investigadores, incluso cuando se realizaron los registros en la sede de las empresas municipales. "El alcalde se encuentra entero pero sorprendido y desconcertado por la dimensión que ha adquirido todo este asunto", dijo.
Por su parte, la defensa de Alavedra y Prenafeta, que ejerce el abogado Juan Córdoba, explicó que su declaración se prolongó durante 45 minutos y una hora, aproximadamente, aunque no quisieron confirmar si el fiscal solicitó su ingreso en prisión. "Se encuentran mal anímicamente aunque no han necesitado asistencia forense", explicó el letrado.
Las declaraciones se reanudarán esta tarde con las comparecencias del director gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pasqual Vela; el presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana; y el presidente de Proinosa, Josep Singla.
La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el Consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.
La operación parte del denominado "caso BBVA-Privanza", que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.
Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.
En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como "cerebro" y Maci Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.

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