Actualizado Viernes , 30-10-09 a las 15 : 36
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se imponga una fianza de 100.000 euros para el empresario Manuel Carrillo, detenido en Madrid el pasado miércoles por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el marco de la operación contra la corrupción urbanística desarrollada en Cataluña.
Carrillo ha sido el primero de los nueve detenidos en esta operación que ha declarado esta mañana ante Garzón, quedó en libertad el pasado miércoles tras declarar durante una hora en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Rozas (Madrid), han informado fuentes jurídicas.
El consejero delegado de la empresa Limasa Mediterranea, que ha negado ante el juez cualquier vinculación con la trama, está a la espera de la decisión que adopte Garzón respecto a su situación y de momento permanece en libertad y ha abandonado la Audiencia Nacional junto a su abogado.
Tras la declaración de Carrillo, es Lluís Prenafeta, ex secretario de la Presidencia durante los gobiernos de Jordi Pujol, quien comparece ante el juez Garzón.
A lo largo del día el magistrado también interrogará al resto de los detenidos en la "Operación Pretoria", que han llegado sobre las 7.30 horas a la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil.
Los ocho arrestados el pasado martes en Cataluña, entre ellos los ex altos cargos de la Generalitat Lluís Prenafeta y Macià Alavedra y el alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, fueron trasladados ayer a Madrid, después de pasar dos noches en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de la Barca.
Los otros cinco detenidos son: el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela, y el ex diputado del PSC Luis García.
A estos se suman dos empresarios de la construcción, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais.
A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
Esta operación deriva de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey, en el que se vieron implicados varios bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Petrus, con el que se relaciona a algunos de los ahora detenidos.

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