El vídeo que recoge las imágenes de la entrada del bar Faisán, propiedad de Joseba Elosúa y donde presuntamente se produjo el «chivatazo» a ETA el 4 de mayo de 2006, contiene dos cortes en momentos clave del «soplo» sobre la operación policial que se iba a llevar a cabo contra una red de extorsión de ETA. Como consecuencia de la delación, el desmantelamiento de este grupo se pospuso un mes.
Así lo pone de manifiesto la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) en el escrito de alegaciones presentado ayer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra la solicitud de archivo de la Fiscalía. El pasado 5 de octubre, el Ministerio Público realizó esta petición a Garzón al considerar que no hay «prueba directa» contra los tres imputados en la causa: el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco en el momento de los hechos y un inspector de la Brigada de Información de Álava.
DyJ asegura que en los espacios temporales interesantes para la presente investigación, como son la llegada de Elosúa al bar (11:08 horas), el intervalo de tiempo en el que supuestamente se produjo el chivatazo (entre las 11:08 y las 11:30 horas) y la salida de Elosúa del bar (sobre las 12:38) «no se ha podido sacar nada concluyente para el esclarecimiento de los hechos» dada la existencia de estos dos cortes, que se producen, el primero (tres minutos), desde las 10:52 a las 10:55 horas, y el segundo (16 segundos), a las 11:14 horas. Se da la circunstancia de que uno y otro momento podrían corresponder a la entrada y salida, respectivamente, de la persona (el supuesto policía) que prestó a Elosúa el teléfono móvil desde el que una tercera persona (superior jerárquico) le informó al otro lado de la línea de esa operación policial.
«Dada la gravedad del hecho, puesto que se trataba del único dispositivo de vídeo que se había dispuesto por parte del equipo operativo ese día para controlar los movimientos de Joseba Elosúa (...) y que está dentro del lapso de tiempo en el que pudo entrar el sujeto que le dio el teléfono a Elosúa (...) esta parte interesa que se cite a declarar a todo aquel funcionario policial que tuviera encomendada la función de llevar a cabo dicha grabación».
Además, esta acusación popular pide que se siga investigando a los tres imputados, pues, señala, «existen indicios de criminalidad suficientes para mantener la acusación contra ellos». Al igual que la AVT, pide a Garzón que asuma la investigación la Guardia Civil, y no la Policía, Cuerpo al que pertenecen los investigados, lo que, dice, no deja de resultar «llamativo». También pide que se repitan todas las diligencias practicadas bajo secreto sumarial.

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