El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana la proposición de ley del Grupo Popular para que profesores y maestros sean considerados «autoridad pública» en el ejercicio de sus funciones.

En su exposición de motivos, los populares afirman que los casos de violencia escolar que vienen sufriendo maestros y profesores en el ejercicio de su labor profesional «requieren de medidas legales como el reconocimiento legal expreso de condición de autoridad, que permitirá tipificar las agresiones que sufran los docentes como atentados de los previstos en los artículos 550 y 551 del Código Penal».

Los populares resaltan también que la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece en su artículo 104 que «las administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea». Asimismo, el PP apoya su inciativa en las reivindicaciones de los docentes al respecto, en informes nacionales e internacionales y en una sentencia judicial que condenó a un año de cárcel a unos padres por agredir a una maestra. Además, resalta que la Fiscalía General del Estado ha recomendado a los fiscales calificar como atentado contra la autoridad las agresiones contra los funcionarios que trabajan en la educación y en la sanidad.

Modificar la LOE

Así las cosas, el principal grupo de la oposición propone que se añada un nuevo apartado al artículo 104 de la LOE, que se refiere al «Reconocimiento y apoyo al profesorado». Esta adenda del PP diría: «En el ejercicio de sus funciones docentes y directivas en centros docentes, el profesorado tendrá a todos los efectos legales el carácter de autoridad pública».

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha hablado reiteradamente del reconocimiento del docente en todos sus aspectos y ha advertido de que, si como consecuencia del pacto educativo por el que está trabajando, se ve necesaria alguna modificación legal, ésta se hará.