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La caída socialista sería decisiva en Castilla-La Mancha ante las próximas elecciones autonómicas de 2011
El PSOE podría perder otro medio millón de votos por la reforma de la ley del aborto
El PSOE y el aborto
53 %
Según el estudio del CIS de febrero de 2008, el 53 por ciento de los simpatizantes socialistas eran contrarios al aborto o sólo eran partidarios en casos específicos.
2008
Pocas semanas antes de las elecciones generales de marzo, el Gobierno negaba que fuera a modificar la ley. El programa del PSOE sólo habló de «promover la reflexión»
-5,3%
Según el último barómetro de GAD, el PSOE ha perdido en total un 5,3 por ciento de voto desde las generales. Con una participación similar serían 1,2 millones de votos.
2009
En las elecciones europeas de junio, el PP ganó con holgura al PSOE por cuatro puntos. Guerra reconoció que fue un error introducir el aborto en la campaña electoral.
84,3%
La inmensa mayoría de los ciudadanos, el 84,3 por ciento, creen que los 100.000 abortos que se producen cada año reflejan que algo falla en la sociedad.
2011
Castilla-La Mancha, junto a Navarra, Andalucía y la Comunidad Valenciana, es una de las comunidades que más rechazan el aborto, lo que puede reflejarse en 2011.
La «número tres» del PSOE, Leire Pajín, respondía este fin de semana a los deseos del presidente del Congreso, José Bono, de que la reforma de la ley del aborto se apruebe por un amplio consenso en el Congreso, donde mañana martes concluye el plazo para que los grupos presenten enmiendas de totalidad. Pajín aseguró que le gustaría que el proyecto de ley se aprobara sin ninguna modificación sobre el texto del Gobierno, que no contó con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, por falta de consenso entre sus miembros.
Pajín habló en nombre de «los socialistas», pero lo cierto es que el contenido de la reforma ha dividido a su partido, sobre todo por el apartado que permite abortar a las chicas menores de edad, sin necesidad de informar a los padres. Fuentes parlamentarias de la Mesa del Congreso han descrito el «mal trago» evidente que pasó José Bono cuando este órgano rector de la Cámara Baja calificó el proyecto de ley pese a no contar con el informe pertinente del CGPJ, como hizo constar el PP. El malestar entre un sector de los diputados socialistas puede hacerse más visible si, como pretende Ferraz, la ampliación del aborto transcurre sin ningún cambio ni «amplio consenso».
Según se desprende del último barómetro electoral del Gabinete de Análisis Demoscópicos (GAD), al que ha tenido acceso ABC, la reforma de la ley del aborto podría tener un coste electoral para el PSOE de medio millón de votos aproximadamente. Una caída que sería decisiva en una Comunidad Autónoma como Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE desde el inicio de la democracia, y que es una de las regiones con mayor oposición al aborto, junto a Andalucía, Navarra y la Comunidad Valenciana, según un estudio del CIS de febrero de 2008. De ahí la preocupación de José Bono y su llamada a su partido para alcanzar un «amplio consenso» parlamentario, así como su respaldo al documento de los cristianos socialistas, donde se afirmaba, entre otras cosas, que el aborto no es un derecho de la mujer.
En ese contexto fue especialmente significativa la presencia de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, presidenta de su partido en Castilla-La Mancha, en la masiva manifestación del sábado 17 en Madrid en contra de la ley del aborto. Los populares creen que en mayo de 2011 tienen opciones ciertas de alcanzar por primera vez el poder en Castilla-La Mancha, con Cospedal como candidata.
Desde las elecciones generales de marzo de 2008, el PSOE ha caído 5,3 puntos en porcentaje de voto, con una pérdida total de 1,2 millones de votantes, por motivos que van desde la crisis económica hasta la reforma del aborto, según el barómetro de GAD, basado en mil entrevistas telefónicas (realizadas entre el 14 y el 29 de septiembre). El rechazo a la ampliación del aborto está presente en cuatro de cada 10 de esos antiguos votantes socialistas. Este grupo de electores, que ronda el medio millón de personas, mantiene una posición firme contra la reforma auspiciada por el Gobierno de Zapatero y prefieren más firmeza en el cumplimiento de la actual ley o incluso modificarla para restringir sus supuestas, pero nunca aprobar una ley de plazos.
Efecto en las europeas
El apoyo del PSOE al aborto libre mediante una ley de plazos, incluso para menores de edad, tuvo ya su efecto en las últimas elecciones europeas, el pasado mes de junio, cuando el PP ganó con holgura por casi cuatro puntos de diferencia. Alfonso Guerra lo reconoció al decir que «fue un error introducir el aborto en la campaña (...). Son ganas de pagar una factura de una ley que aún no ha sido siquiera debatida». En plena crisis económica, con un paro galopante, el mensaje transmitido por el Gobierno durante la campaña electoral sobre sus prioridades situaba en primer plano el aborto, cuando era un debate cerrado en buena parte de la sociedad española, como reconocían los socialistas apenas un año antes.
La oposición lo interpretó en un primer momento como una «cortina de humo» para ocultar los problemas reales de España, pero también como un «guiño» a la izquierda, para compensar la dureza de la recesión. El «guiño» izquierdista, sin embargo, tenía su coste en otros sectores del partido y al mismo tiempo reforzaba la fidelidad del votante del PP. Al final pesó el modelo ideológico de familia que defiende el Gobierno.
La preocupación del PSOE por los efectos negativos de una ampliación del aborto sobre sus votantes quedó patente en las generales de 2008. Poco antes de las elecciones el CIS realizó un estudio que reflejaba el rechazo de un 53 por ciento de los simpatizantes socialistas a la ampliación del aborto. La vicepresidenta De la Vega aseguró, apenas unas semanas antes de la cita electoral, que no había «gran demanda para modificar la ley del aborto». De hecho, el PSOE no incluyó la reforma en su programa electoral, que sólo hablaba de «promover la reflexión». Además, el Gobierno obligó a que los debates en la subcomisión parlamentaria fueran a puerta cerrada. El proyecto de ley, ahora, podría aprobarse antes del verano de 2010, es decir, en el ecuador de la legislatura.
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