RICARDO Costa vendió ayer caro su «cese temporal» como secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y portavoz parlamentario poniendo en un difícil compromiso tanto a Francisco Camps como a Mariano Rajoy al afirmar que siempre siguió las instrucciones de sus superiores en el partido. La lectura de su declaración por la mañana ante la Prensa, y las condiciones que Costa impuso a la dirección nacional del PP por la tarde para abrir una investigación interna a cambio de su salida, suponen un reto para Génova, demostrativo de que la falta de respuestas a tiempo pudre los problemas, hace perder el control de los acontecimientos y conlleva riesgos de cerrar los conflictos en falso. Lo que hizo Costa ayer fue un lógico pronunciamiento en defensa de su integridad personal y de su inocencia, pero trasladando a Rajoy y a Camps la carga de la prueba sobre los motivos que determinaron ayer su salida de sus cargos. No era, evidentemente, el preludio que las partes en conflicto habrían deseado para enmarcar una dolorosa -y necesaria- decisión con la que poder trasladar a la opinión pública la recuperación de la iniciativa frente a la cascada de acusaciones por el «caso Gürtel». Sin embargo, las consecuencias de este episodio son el coste de haber especulado excesivamente con los hechos antes de tomar esa decisión.

Durante los últimos días, Costa ha querido refugiarse en un concepto de justicia que no es propio de la política, menos aún de la política de partido. Fuera ingenuidad o convicción real al invocar la presunción de inocencia, lo cierto es que su presencia habitual en las conversaciones de algunos responsables de la trama Gürtel estaba deteriorando su imagen de manera especialmente acusada. Nada de lo conocido prejuzgaba una responsabilidad penal que ni siquiera está declarada indiciariamente. A Costa lo han sentenciado los criterios de responsabilidad que imperan en la política de partidos y que nada tienen que ver con la justicia legal o la verdad judicial, sino con el veredicto de la opinión pública y las necesidades del partido en el que voluntariamente se integró. Ahora bien, estos mismos criterios son los que la dirección nacional del PP debió haber considerado hace tiempo, porque por encima de las personas existe un proyecto político, de alternativa al socialismo y de gobierno para España, que es más importante que los juegos de equilibrios internos y las supervivencias políticas personales.

Con las últimas encuestas de cara, el PP no puede permitirse el lujo de que sus opciones de recuperar el poder en las dos contiendas electorales de 2011 y 2012 se diluyan en sospechas de corrupción o en dudas del electorado sobre la determinación de sus dirigentes. El hecho de que el PSOE no tenga especial autoridad moral cuando denuncia la corrupción ajena no significa que los electores no se hagan su propia composición de juicios. La prioridad del PP es captar el interés de los ciudadanos únicamente como alternativa de gobierno, no como fuente de malas noticias. Y esto puede seguir exigiendo en el futuro actuar con mayor rapidez y claridad para disipar dudas. Si llega el caso, haciendo dimitir a quien sea necesario. Nada de esto disminuye la razón del PP al denunciar que el «caso Gürtel» está siendo utilizado políticamente para intentar destruirlo como oposición y que, antes o después, habrá de depurarse responsabilidades por este motivo.