La eliminación de una conversación entre Pablo Crespo y su abogado -en la que se exculpa al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, de haber recibido trajes gratis- del auto de inhibición del juez Baltasar Garzón ante el TSJCV podría acarrear responsabilidades penales para el magistrado y las fiscales que participaron en la primera fase del procedimiento penal de la «trama Gürtel», según aseguraron ayer fuentes jurídicas del PP.

El artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «todas las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables del presunto reo...».

Así, la destrucción de pruebas de descargo el 27 de marzo por parte del juez Garzón tras las peticiones de las fiscales días los días 20 y 25 de marzo (como refleja el sumario) es, según estas mismas fuentes, «inconcebible» y vicia «de origen» la instrucción de la causa efectuada por el juez José Flors en el TSJCV.

«Parcialidad» de la Fiscalía

Desde el PP se considera una actuación que viola «las normas procesales y constitucionales», que evidencia la parcialidad de la Fiscalía General del Estado y que, sobre todo, «ha determinado» la tramitación de todo un procedimiento penal que «podía haber concluido casi al empezar».

Estas fuentes recuerdan que el artículo 446 del Código Penal castiga «al juez que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta» con la pena de prisión de uno a cuatro años y de inhabilitación absoluta de diez a veinte años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse. Además, el artículo 447 contempla una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años por «imprudencia grave o ignorancia inexcusable» del juez.