Actualizado Miércoles, 23-09-09 a las 16:25
La Unión Europea quiere llegar a la Cumbre del G-20 que comienza mañana en Pittsburg con los deberes hechos en materia de reformas en el sistema financiero. La Comisión Europea acaba de proponer la creación de tres nuevas autoridades de vigilancia financiera, algo así como supervisores, para los sectores de banca, seguros, fondos de pensiones y mercados financieros en general, además de una Junta Europea de Riesgo Sistémico para la prevención de los desequilibrio macroeconómicos.
La idea es que estas nuevas autoridades, que se integrarán dentro del Sistema Europeo de Vigilancia Financiera (SESF en sus siglas en inglés), detecten anticipadamente los posibles riesgos que acontezcan en el futuro en el sistema financiero, para evitar en la medida de lo posible que se repitan crisis como la actual, que han derivado después en una gravísima crisis económica, y que han dejado al descubierto la debilidad del conjunto del sistema.
Entre las novedades figura también el hecho de que podrán hacer públicas las advertencias que hagan a las entidades que incurran en riesgos, aunque no será una obligación, con lo que serán los propios mercados financieros y en última instancia los clientes los que se encargarán de «castigar» a las entidades que sean amonestadas públicamente por estos nuevos supervisores.
Bruselas pretende sobre todo recuperar y aumentar la estabilidad financiera perdida, garantizar las mismas reglas de base para todos los países y detectar de manera anticipada los posibles riesgos, lo que permitirá en su caso realizar acciones conjuntas de manera rápida que impidan su extensión.
Estos nuevos supervisores financieros tendrán que dirimir también las diferencias de criterio que puedan producirse entre diferentes supervisores nacionales en el caso de entidades que operen en varios países, contribuirán a la coherencia en la aplicación de reglas técnicas comunitarias y, además, se encargarán de vigilar a las agencias de calificación financiera, hace unos meses en el centro de todas las críticas por no haber detectado con antelación los riesgos de entidades que acabaron quebrando, como el caso de Lehman Brothers en Estados Unidos.
El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, aseguró ayer que el objetivo de todas estas iniciativas es recuperar la confianza financiera y detectar riesgos de manera preventiva.
Si en el área microeconómico financiera habrá tres nuevos supervisores con amplios poderes de intervención, en el área macro la Comisión Europea quiere crear una Junta Europea de Riesgo Sistémico que hará advertencias a los países sobre posibles riesgos para su estabilidad macroeconómica fruto, por ejemplo, de elevados aumentos del déficit público, etc.
Esta Junta estará compuesta por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), un vicepresidente y los 27 gobernadores de los bancos centrales y los tres nuevos supervisores financieros. El presidente de esta Junta será uno de sus miembros y se decidirá por votación. El actual presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, se ofreció hace unos meses para presidir este nuevo organismo de prevención de desequilibrios macroeconómicos. El presidente de la Junta informará una vez al año al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, aseguró ayer que «la crisis financiera actual ha sacado a la luz las debilidades del dispositivo de vigilancia financiera de la Unión Europea, que está aún fragmentado en base a esquemas nacionales a pesar de las instituciones financieras europeas que se han creado y del propio mercado interior de la Unión Europea, que tiene ya diez años».
Problemas que se encontrará
No obstante, por el momento es sólo una propuesta que debe pasar al Consejo de la Unión Europea, en el que se encuentra países que previsiblemente pondrán trabas a esta nueva regulación como Irlanda y, sobre todo, Reino Unido (la «city» de Londres es el corazón financiero de Europa y el más importante del mundo junto a Nueva York). Por tanto, es previsible que el planteamiento original quede bastante descafeinado, ya que las autoridades británicas difícilmente se van a plegar al control comunitario. En el mejor de los casos las propuestas podrían ponerse en marcha a partir de 2010.

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