Sábado, 05-09-09
A la vista de los últimos acontecimientos en Afganistán, la primera lección que los gobiernos occidentales -y entre ellos el español- deben tomarse en serio es la de llamar a las cosas por su nombre y olvidarse de una vez de circunloquios y eufemismos: en Afganistán estamos en guerra, es decir, España participa en una guerra con todas sus letras. Sólo los que son capaces de reconocer abiertamente los problemas sabrán encontrar las soluciones adecuadas, pero hasta ahora hemos perdido demasiado tiempo tratando de encubrir la realidad bajo todo tipo de reticencias. Si seguimos pensando que lo que hace allí el Ejército es una inocente misión de reconstrucción y de cooperación civil, no será posible establecer una estrategia adecuada a una realidad en la que los militares se ven implicados, de forma cada vez más abierta y comprometida, en combates directos con los insurgentes talibanes.
Por desgracia, hasta ahora la opinión pública occidental ha estado anestesiada por la descripción deliberada de un contexto que no se correspondía con la realidad, y en estos momentos coincide la desastrosa combinación de la degradación de la situación militar con la fatiga de las sociedades a las que se dijo que todo lo que había que hacer en aquel país de Asia Central era supervisar un proceso de reconstrucción poco más o menos ganado de antemano. En el contexto de la división sobre la guerra de Irak, los adversarios de la Administración Bush quisieron ver en Afganistán una alternativa emblemática en la que se reflejaban sus ambiciones de demostrar que el entonces presidente norteamericano y quienes le apoyaban estaban equivocados, pero utilizaron para ello un caso que se ha vuelto en contra de su estrategia. Ahora es doblemente difícil convencer a los ciudadanos de que hay que seguir manteniendo el esfuerzo militar en Afganistán, precisamente cuando es más necesario hacerlo. Muchos se preguntarán ahora, y con razón, si después de una elección presidencial plagada de irregularidades es razonable que los soldados españoles se jueguen la vida para apuntalar un régimen cuya legitimidad puede ser puesta en duda. Casos como el de las muertes de civiles en el bombardeo de los camiones-cisterna robados por los talibanes no contribuyen tampoco a que la población afgana mire con simpatía a los soldados de la OTAN.
Pese a todo, la alternativa de un abandono precipitado de Afganistán por parte de las fuerzas aliadas sigue siendo la peor de las opciones. El anuncio de la ministra de Defensa, Carme Chacón, de que España puede aumentar el número de sus efectivos es una decisión acertada, y lo sería aún más si viene acompañada de más medios técnicos para que puedan cumplir sus funciones con todas las garantías: más helicópteros, más vehículos blindados y todos los elementos disponibles para mejorar su capacidad de inteligencia. En este caso se trata, además, de una decisión eminentemente ejecutiva, que le corresponde al presidente del Gobierno como responsable de la política militar. Lo que tiene que explicar en el Congreso no es cuántos soldados van a Afganistán, sino reconocer de una vez que van a una guerra.

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