Muy poco normal

Las acusaciones formuladas el jueves por la secretaria general del PP contra el Gobierno son tan graves que no pueden ser tomadas a beneficio de inventario, como un episodio más de la guerra verbal que mantienen Gobierno y oposición a propósito de la incansable actividad de la Fiscalía Anticorrupción y la policía judicial contra cargos electos del PP. Como editorializaba ayer este periódico, María Dolores de Cospedal tiene la obligación de presentar en los juzgados las pruebas de las que dice disponer para que allí se investiguen los delitos imputados. El PP asegura haber hecho constar una supuesta escucha a Trillo en su denuncia del 24 de julio contra las filtraciones. La investigación dirá si ese dato justifica una acusación tan contundente como la de Cospedal dos semanas después de la denuncia.

Ahora bien, en la réplica de la vicepresidenta Fernández de la Vega se deslizó una afirmación ciertamente conmovedora: lo que está ocurriendo en el frente judicial abierto contra el PP es consecuencia del «funcionamiento normal de las instituciones». Bien, puede que no nos encontremos ante un «estado policial», pero que no parece que la España de hoy sea un modelo de «funcionamiento normal» de las instituciones.

No es muy normal, por ejemplo, que sea la vicepresidenta quien anuncie un recurso de la fiscalía contra el archivo de la causa abierta a Camps, adelantándose al propio fiscal general; ni lo es tampoco que la fiscalía anticorrupción, parte en el proceso contra el presidente valenciano, se descuelgue con una operación a bombo y platillo contra cargos del PP balear pocas horas después del auto de TSJ de Valencia. Como tampoco resulta muy normal que desde algunas instituciones se esté transmitiendo en directo a algunos medios fragmentos, previamente seleccionados, de un sumario cuyo conocimiento se niega a los propios imputados. Y no lo es en absoluto que los cargos de un partido sean detenidos, esposados ante las cámaras de la tele y mantenidos en un calabozo durante 72 horas por los mismos delitos por lo que cargos de otros partidos son citados al juzgado amablemente para que declaren junto a su abogado.

Todo ello tal vez no justifique una diatriba como la de Cospedal si no concurren otras pruebas, pero más le vale a la vicepresidenta un poco de discreción porque, también en este caso, la opinión pública española ya se ha formado un juicio cabal sobre el asunto.