Miércoles, 22-07-09
Si hubiera obedecido a una pretensión noble y bien planificada, la primera visita oficial de un ministro de Asuntos Exteriores español a Gibraltar bien hubiera merecido un debate previo en busca de un respaldo acorde a la dimensión histórica del acontecimiento. De hecho, el ministro Miguel Ángel Moratinos le ha dado más relevancia a su intento de reconciliarse con el régimen de Guinea Ecuatorial -para lo que ha pedido incluso el apoyo de Manuel Fraga- que a la justificación de un hecho histórico que se produce por primera vez en 300 años. En Gibraltar, el Gobierno ha elegido la fórmula de los hechos consumados, intentando banalizar un gesto que está destinado a minar para siempre las posiciones de España en uno de los asuntos más importantes de su política exterior. Desde la firma del tratado de Utrecht en 1713, ningún representante de España había dado este arriesgado paso, que lanza el inequívoco mensaje de que se acepta la situación tal como está, sin la menor contrapartida, ni perspectiva de obtenerla.
Después de esta visita resulta difícil pensar cómo pueden interpretarse las quejas por la presencia de personalidades de la Familia Real británica en el Peñón. En realidad, después de haber aceptado el establecimiento de vuelos directos a Madrid -sin haber logrado ni siquiera un acercamiento simbólico en el tema del aeropuerto-, la visita de Moratinos a la colonia británica desactiva toda la argumentación española. Intentar disimular el alcance de lo que acaba de ser perpetrado celebrando después una entrevista simbólica con el ministro de Asuntos Exteriores británico en Jerez de la Frontera no hace sino revelar que el ministro es perfectamente consciente de lo que significa cada uno de los pasos que acaba de dar. Visto así,cuando se produzca una visita de relieve de una autoridad británica a Gibraltar, al Gobierno ya no le quedará más que protestar si no se añade también una estancia del visitante en el Campo de Gibraltar.
El tratado de Utrecht establece que mientras Gibraltar siga en manos británicas debe permanecer incomunicado del resto de España por tierra, y que la colonia carece de aguas territoriales. Dado que las autoridades británicas han incumplido reiteradamente los términos del tratado, la solución que ha adoptado el Gobierno ha sido la de hacer lo mismo e ignorar los términos del único documento jurídico que respalda la reclamación española. Hay quien sigue pensando que si se hubiera mantenido la frontera cerrada, hace tiempo que Londres habría abandonado un territorio que no se puede mantener sin el apoyo de las áreas adyacentes, como sucedió con Hong Kong. Otros pensaron que era injusto hacer pagar las consecuencias a la población gibraltareña, y la apertura de la Verja fue un gesto con el que la España democrática -con el respaldo de todas las fuerzas políticas- les abría sus brazos a los habitantes de la colonia. Aquel gesto hubiera debido bastar para lograr el buen ambiente de diálogo que Moratinos reclama ahora como fruto de su política. No tuvo mayores efectos aquella cesión y no debe esperarlos Moratino ahora, salvo que en la colonia le dediquen una calle por los servicios prestados.

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