Actualizado Martes, 21-07-09 a las 10:43
Violó, atropelló y quemó a una joven deficiente de 22 años en mayo de 2003, pero está en la calle. Su crimen atroz le costó sólo cuatro años de internamiento en un centro de menores y tres años de libertad vigilada. ¿Por qué? Pues por algo tan circuntancial como tener 14 años cuando cometió su delito. El «Rafita» era menor de edad y la Ley del Menor contempla que la pena máxima para los delincuentes de entre 14 y 16 años sea de cuatro años, a pesar de que acabara brutalmente con la vida de Sandra Palo.

No es el único caso. Ahí está el joven conocido como el «asesino de la catana», que acabó con la vida de sus padres y su hermana con el arma que le da el apodo cuando tenía 17 años y cumplió por ello cinco años de internamiento en un centro de menores.

O la sevillana Marta del Castillo que fue presuntamente violada y asesinada por dos jóvenes: su ex novio Miguel Carcaño, mayor de edad, y un joven de 15 años apodado «El Cuco», al que Carcaño acusa de terminar con la vida de la joven. Una última confesión que no sabemos si obedece a la verdad o al hecho de que conoce perfectamente que el menor no pagará con la cárcel por este delito.

Esta semana dos casos más relacionados con menores nos sobrecogían. El primero el de una niña de 13 años en Baena que fue chantajeada y violada en la calle y a plena luz del día por seis menores, uno de ellos deficiente, y por un joven de 22 años. En el segundo caso, una niña de 13 años en Isla Cristina, que además sufre una discapacidad psíquica, a la que siete menores agredieron sexualmente en la playa durante las fiestas del Carmen. En ambos casos, un denominador común: delincuentes muy jóvenes que no cumplirán la pena que correspondería moralmente a un delito tan horrible. Es más, cuatro de los jóvenes implicados -un menor de 13 años y un deficiente mental en el primer caso, y dos menores de 13 años en el segundo- están ya tranquilamente en su casa y ni siquiera tendrán castigo porque, según la actual ley, son «inimputables».

La Ley del Menor ha sido siempre causa de controversia y debate en nuestra sociedad. Actualmente, tras la última reforma de la ley en 2006, la medida de internamiento en régimen cerrado puede alcanzar una duración máxima de 10 años para los delincuentes de 16 y 17 años, y de seis años para los menores de 15 y 14 años. Para muchos demasiado laxa y para otros suficiente para conseguir que los menores se reinserten, aunque los hechos demuestren en ocasiones lo contrario. Es el caso del «Rafita», que, además de vivir cómodamente del Estado, ha sido detenido recientemente por el robo de una casa en Benalmádena.

Menores y violencia de géneroPor enésima vez se reabre un debate que la mayoría de las veces queda en agua de borrajas: el de la reforma y endurecimiento de la Ley del Menor. Pero esta vez con un componente añadido: la relación de estos casos con la violencia de género. Una dicotomía para los que quieren castigar duramente la violencia contra las mujeres, por una parte, pero no creen en la responsabilidad penal de los menores. En este sentido, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha reivindicado los criterios de igualdad de la sociedad española y ha advertido que «siempre» son los chicos los que cometen este tipo de delitos.

El Defensor del Pueblo y el Menor de Andalucía ha pedido «una reflexión» al poder judicial y político para que los menores que por ley son inimputables reciban algún castigo. En esta línea, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que llevará al Congreso una reforma de la Ley del Menor porque, a su juicio, la actual «protege a los menores delincuentes».

De la misma opinión es el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que considera urgente que los menores de 14 años puedan ser imputables además de un endurecimiento de los castigos para los delincuentes de entre 14 y 18 años, porque «hay muchos jóvenes que se están aprovechando de esta circunstancia y son auténticos delincuentes».

La ley del «todo vale»
La Confederación Española de Policía (CEP) también ha exigido para los menores un tratamiento legal «más riguroso». Ignacio López, secretario general de la CEP, ha señalado, en declaraciones a Servimedia, y en referencia a la Ley del Menor, que «la norma lejos de cumplir las funciones que se le encomiendan, más bien parece que se está estableciendo un escenario de "todo es válido" por el hecho de ser menor».
López ha indicado que su sindicato sostiene que hay que modificar la Ley del Menor para "aproximarla al concepto de penalidad de los adultos". Al mismo tiempo, se ha referido al hecho de que la nueva ley del aborto permita a adolescentes de 16 años interrumpir el embarazo sin el consentimiento de los padres, mientras que con esa edad no se es responsable penalmente.


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