Abusaron de ella en una playa de Isla Cristina. Dos de los implicados tienen 13 años
Han pasado solamente dos días desde que saliera a la luz el caso de los seis jóvenes -cinco de los cuales eran menores de edad- que agredieron sexualmente a una niña de 13 años en Baena (Córdoba) y otro suceso parecido ha conmocionado a la localidad onubense de Isla Cristina, interrumpiendo la alegría de sus fiestas mayores.
Una niña de 12 años, vecina del municipio y que sufre una deficiencia psíquica, sufrió abusos sexuales por parte de siete menores de edad durante el penúltimo día de las Fiestas del Carmen que se celebraban en el municipio. Los hechos tuvieron lugar en la playa de Punta Caimán, próxima al recinto ferial, hasta donde, en la madrugada del viernes al sábado, los presuntos agresores condujeron a la niña en contra de su voluntad. Allí consumaron posteriormente la violación.
La madre de la joven agredida denunció los hechos ante la Guardia Civil en la tarde del sábado y la niña fue trasladada al hospital Infanta Elena de la capital. Allí le fueron practicadas las pruebas forenses pertinentes, que confirmaron la agresión sexual. Desde que se denunciara el caso, la Guardia Civil de Huelva ha detenido a un total de siete personas -todas ellas menores de edad- por su presunta participación en el abuso.
Los implicados de mayor edad tienen 15 años, mientras que dos de los detenidos fueron puestos en libertad inmediatamente porque solamente tienen 13 años de edad y no pueden ser judicialmente imputables de delito alguno.
Los otros cinco denunciados sí pueden ser juzgados por abusos en virtud de la Ley del Menor y ya están a disposición de la Fiscalía de Menores.
La Ley del Menor castiga este tipo de delitos sexuales de forma mucho más benévola que estos mismos abusos cuando los cometen mayores de edad. El Código Penal contempla penas de prisión de entre seis y doce años de cárcel para violadores mayores de 18 años. Incluso considera penas todavía más largas -de hasta quince años de prisión- cuando concurren circunstancias que resultan especialmente graves para la dignidad de la víctima, como por ejemplo, violaciones en grupo como la practicada contra la niña de Isla Cristina.
La otra cara de la moneda es que estos mismos delitos cometidos por violadores entre 14 y 18 años se enfrentan -en casos excepcionales que dictamina el juez- a una orden de internamiento de régimen cerrado que dura un máximo de cinco años. La «pena» no se cumple en la cárcel sino en un centro de menores. Además, cuando el agresor no tiene aún los 14 años se considera que no tiene responsabilidad penal alguna y por tanto no se le aplica ningún tipo de medida.
Reformas legislativas
Precisamente el viernes, el presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció que su grupo parlamentario va a presentar en el Congreso de los Diputados una propuesta para reformar esta legislación del menor. Rajoy quiso recordar la preocupación social, suscitada por los casos más recientes -como el asesinato de Marta del Castillo o la violación de la menor de Baena-, y justificó la reforma de la ley apuntando que «la ley protege al menor delincuente y no a la inmensa mayoría de los jóvenes, que son decentes».

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