El informe anual de Greenpeace alerta de la desaparición de dunas y sebadales. El colectivo ecologista exige que Costas «deje de actuar de manera arbitraria»
Greenpeace advierte del riesgo de desaparición que sufren las dunas de la zona / ABC
Falta de armonía entre el hombre y la naturaleza
Fuerteventura ha sido declarada, recientemente, como Reserva de la Biosfera. Una distinción otorgada por la Unesco y que busca el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, Marcos critica como en el caso de Fuerteventura, al igual que en el resto del Archipiélago, se produce «una falta de convivencia entre ambos factores». Además, exigió que los políticos «dejen de colocarse medallas y empiecen a evitar posibles impactos en los ecosistemas, y una manera de hacer esto posible es que se cumpla la Ley de Costas de manera imparcial».
Domingo, 12-07-09
Greenpeace, a través de su informe anual «Destrucción a toda costa», cataloga 14 espacios protegidos en Canarias como «muy amenazados».
Uno de ellos, el Parque Natural de Corralejo, en Fuerteventura, está sometido, según los ecologistas, a una grave alteración del hábitat debido a la construcción de grandes hoteles.
Estas edificaciones han puesto en peligro varias especies endémicas, además de una modificación de todo el espacio que comprende las dunas de Corralejo, los sebadales y el islote de Lobos.
El Parque Natural de Corralejo cuenta con distintos grados de protección, como el de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA). Sin embargo, Greenpeace vuelve a incidir en que estos niveles de protección no se respetan, ya que en medio del Parque Natural se asientan macrohoteles que alteran el ecosistema.
Además, la carretera que atraviesa el arenal interfiere el avance natural de arenas de mar a tierra. Esta construcción provoca que «las personas y vehículos transiten fuera de los pavimentos, lo que aumenta aún más la presión en la zona», recuerdan los ecologistas en su informe.
Varias edificaciones, pertenecientes a una importante cadena hotelera, construidas en la década de los 70, se encuentran asentadas en dominio público y en medio del Parque Natural de Corralejo. En el momento de su construcción, el Estado realizó una concesión administrativa por 30 años. Pero, en 1992, la Dirección General de Costas llevó a cabo el deslinde que certificaba la presencia de los hoteles dentro del espacio de dominio marítimo-terrestre.
Acuerdo «ilegal»
La decisión de Costas fue recurrida por la cadena hotelera y el Ayuntamiento de La Oliva y, en 2003, la Dirección General de Costas dio una nueva concesión de 60 años a la cadena hotelera. Según una de las responsables de la organización, Pilar Marcos, «el Ministerio de Medio Ambiente ha suscrito un acuerdo ilegal en el que el grupo hotelero cede la titularidad del islote de Lobos al Estado a cambio de que éste amplíe las concesiones para los hoteles».
Marcos exigió al Estado que «la Ley de Costas deje de actuar de manera arbitraria, ya que no entendemos cómo permiten que sigan estos hoteles en una zona de dominio público marítimo-terrestre y no se derriben y sí pequeños núcleos costeros como el de Cho Vito. En vez de ir contra el fuerte, van contra el débil».
Además, los sebadales de Corralejo se podrán ver afectados, según los ecologistas, por la presencia de los hoteles. Al no producirse una buena circulación de la arena, los bancos arenosos sobre los que se asientan los sebadales se verán menguados y esto repercutirá en consecuencias negativas a largo plazo.
El Parque Natural de Corralejo posee un campo de arenas como unidad geomorfolófica y de gran interés científico. También, el lugar, declarado ZEPA en 1984, alberga colonias de aves esteparias como la hubara, el alcaraván y la terrera marismeña. Greenpeace alerta en el informe del impacto que puede tener sobre estas comunidades de aves la explotación de la zona como recurso turístico y el continuo paso de vehículos y personas.
Sanciones a España
El informe de Greenpeace recuerda que la Comisión Europea ha enviado a España un aviso por el cual puede quedar expedientada con una infracción y una multa económica con el fin de que otorgue un número suficiente de zonas de especial conservación dentro de la Red Natura 2000. «Se está produciendo un desorden del territorio y un retroceso de todas las políticas medioambientales anteriores y tendremos que ser los ciudadanos los que, a través de nuestros impuestos, paguemos las multas», apunta Marcos.
En cuanto a la reciente aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Medidas Urgentes, Marcos asegura que «esta ley sirve para continuar con un modelo obsoleto de desarrollo turístico y flexibiliza decisiones discrecionales, convirtiéndolas en arbitrarias, como la posibilidad de consolidar edificaciones en la costa».
Cree la representante del grupo ecologista que «ya es hora de que apuesten por frenar las camas turísticas y crear un nuevo modelo turístico en un momento en el que el sector está padeciendo una crisis especialmente latente en el Archipiélago».
