Domingo, 21-06-09
ESTOY convencido de que no existe ámbito más necesitado de un Pacto de Estado, y además urgente, que el relativo a la educación. Una materia desde donde hace demasiados años, quizá desde el mismísimo momento de la elaboración de la Constitución de 1978, la falta de responsabilidad institucional, la bandería ideológica, el sectarismo de facción, la ausencia de generosidad de miras y una falta de respeto a padres y alumnos han situado la educación en el furgón de cola de los Estados de nuestro entorno social, económico y político, con quienes nos miramos y debemos competir. Los recurrentes datos brindados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no dejan lugar a dudas: más del treinta por ciento de los alumnos no finaliza sus estudios de bachillerato (frente al 15 por ciento en la Unión Europea), muchos de nuestros estudiantes no alcanzan un empleo vinculado a su formación universitaria y estable, al tiempo que nuestro gasto en educación -a pesar de los incrementos- dista de asemejarse al de nuestros vecinos. A lo que se suma un inaceptable índice de abandono escolar, una deficitaria política de becas, unas retribuciones insuficientes del profesorado, un desafortunado fraccionamiento del mapa nacional, etc., que nos alejan de los objetivos fijados en Lisboa para 2010. El Presidente del Banco Santander, Emilio Botín, dentro de la Junta General de Universia, ratificaba el diagnóstico: «Hay que afrontar una reforma urgente, eficiente y consensuada del sistema educativo». El reto es gigantesco: erigir un modelo de sociedad construida, precisamente, sobre el conocimiento.
Hay muchas causas y de variada naturaleza para explicar tan sonoro fracaso, pero ahora deseo resaltar una por encima de todas. Me estoy refiriendo a la imposibilidad de nuestra clase política, ¡en más de treinta años!, de suscribir un Pacto de Estado, una política de Estado en materia educativa. Una política sin embargo vertebral y vertebradora en un Estado moderno y cohesionado. Desde que nuestros constituyentes se pusieron de acuerdo en cerrar los contenidos del artículo 27 de la Constitución, que fue capaz de encontrar un equilibrio entre el derecho a la educación -irrenunciable competencia del Estado- y la libertad de enseñanza -la garantía de que los padres puedan escoger la formación que estimen más conveniente para sus hijos- (las dos caras de Jano de la cuestión), el compromiso ha sido imposible. La razón de la frustración no es difícil de atisbar. François Mitterand, quien fuera presidente de la V República francesa, lo avezó con clarividencia: «Hoy para cambiar la sociedad no es necesario tomar el Cuartel de Invierno, basta con tomar la escuela».
La educación habría de ser siempre una política de Estado por dos motivaciones. La primera, por su incuestionable trascendencia; estamos ante una política estructural, como lo son también las políticas en materia territorial, internacional, inmigración, etc. La segunda, porque requeriría al menos -por más que sea un convencido de instar el mayor acuerdo posible entre las fuerzas políticas y sociales- del consuno de los dos grandes partidos nacionales; de no ser así, la normativa aprobada exclusivamente por quien detenta hoy el Poder será inmediatamente revisada cuando quien se halla en la Oposición -que no fue consultada en su momento- alcance el Gobierno. Si no es así se pierde una de las características de toda política de Estado: la perdurabilidad. La educación no puede ser moneda de transacción política. Vean si no el despropósito de estos últimos treinta años.
Así, en un primer instante, se aprobaba la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1980, en tiempos de UCD. En un segundo momento, y ya durante los inmediatos Ejecutivos del PSOE, se promulgaban la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990. Después llegarían, en tiempos del PP, las leyes orgánicas de Universidades (LOU) de 2001 y de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002. Y ahora, con el actual gobierno del PSOE ¡el fatalismo pendular!, la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Universidades de 2007. Más de media docena de leyes en treinta años, haciendo y deshaciendo suicidamente lo realizado, como dilapidadoras Penélopes, muy lejos pues del anhelado consenso y de una irrenunciable estabilidad.
De aquí el acierto de Ángel Gabilondo, ministro de Educación, y antes excelente rector de la Universidad Autónoma de Madrid, de auspiciar, desde las páginas de este periódico, un gran Pacto Educativo. Nunca, sin duda, más necesario. Una llamada al acuerdo entre formaciones políticas, asociaciones de padres, alumnos, centros escolares y universidades, patronales de la enseñanza privada-concertada, agentes sociales y empresariales, Estado central y Comunidades Autónomas. Un acierto, señor ministro, que desde aquí deseo resaltar, y al que me sumo. Al efecto, la constitución de tres mesas de diálogo (con los Grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Educación, en la Conferencia Sectorial de las Comunidades Autónomas y con los agentes sociales y organizaciones interesadas) puede ser un buen instrumento de diálogo. Dicho esto, ¿cuáles habrían de ser sus contenidos específicos? Muchos, y además problemáticos. Les voy a apuntar, no obstante, lo que podría ser un prioritario, ineludible e inmediato Decálogo educativo.
Primero: la fijación de unas materias comunes, que no quiere decir un régimen uniformizador, pero sí homogéneo, en el territorio nacional. Nada hay más perverso que la fragmentación de conocimientos -exaltadora de lo particular y nimio- con tal de que sea diferenciador o excluyente, cuando no la reescritura falsaria de la historia. Un adecuado además instrumento de cohesión interterritorial. Una actuación que obligaría a la asunción de una postura proactiva por parte del Estado, sin desconocer, de ser requerido, el papel de su Alta Inspección. Segundo: la pertinente socialización de la enseñanza, que ha permitido el acceso a la educación de la ciudadanía, con independencia de la condición social y económica, no puede hacerse a costa de la preservación de la calidad y la excelencia; de otra forma, se deteriora la educación y se atenta contra el principio de igualdad. Tercero: el restablecimiento de la autoridad y la disciplina de los directores, responsables y profesores. Cuarto: la dignificación del profesorado y la mejora de sus condiciones laborales. Quinto: poner fin a las tensiones en la ordenación de las relaciones con la enseñanza privada y concertada. Sexto: un esfuerzo económico añadido. Un compromiso explicitable en los Presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Séptimo: la reivindicación de una menospreciada formación profesional. Octavo: la modernización de las técnicas de estudio y el impulso de las nuevas tecnologías. Noveno: la atención a conocimientos básicos, como lengua -¡ojo con la política lingüística!-, historia, matemáticas y ciencias naturales. Décimo: la sintonía, cada uno dentro de su independencia, entre Universidad y Empresa.
De no ser así, seguirán resonando para nuestro escarnio las palabras de Giner de los Ríos (La Universidad española) en el ya lejano año de 1916: «en esta falta de concurso de todos géneros, material y moral, donde el valor de la educación es tan secundario, y el amor a las cosas científicas uno de los últimos; donde la escasa cultura de nuestras clases acomodadas no les permite interesarse por saber cómo son esas cosas, ni siquiera porque otros lo averigüen, y donde hasta el hombre opulento y piadoso, cuando se resuelve servir a la religión con su fortuna, le da al convento antes que al seminario, no es maravilla que el nivel medio de nuestra enseñanza no pueda ser muy elevado». El futuro está en nuestras manos.

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