Domingo, 21-06-09
MOY ÁLVAREZ
SANTA CRUZ. Los envites de la difícil coyuntura económica y financiera ya se han llevado por delante, a través de la temida suspensión de pagos y en forma de ayuntamiento, a su primera víctima. El pasado día 11, el alcalde del pequeño municipio sevillano de Palomares del Río anunciaba que la Corporación no podía hacer frente al pago de las retribuciones a sus concejales, funcionarios y trabajadores. La raíz del problema, tal y como reconoció el mismo rector municipal, radica en la drástica reducción de ingresos que ha dejado tras de sí el desplome del sector de la construcción.
Así pues, y habida cuenta de que la «crisis del ladrillo» viene azotando aún con más dureza al Archipiélago, no parece descabellado plantear la posibilidad de un posible contagio entre los consistorios de las Islas. «Muchos ayuntamientos son las empresas más importantes de sus municipios; esto es algo que ocurre en Andalucía, pero también en Canarias», recuerda José Ángel Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL), quien para nada descarta que la suspensión de pagos termine por alcanzar a alguna corporación local del Archipiélago.
Según añade, la economía municipal «atraviesa una situación dramática» que deriva de la «fuerte caída» de los ingresos procedentes de las licencias -especialmente, las de obra- y el Régimen Económico y Fiscal (REF). En este punto, José Miguel González, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), subraya que, de hecho, «gran parte de la financiación de los ayuntamientos se ha basado en la recalificación de terrenos», una práctica que -agregó- «ha constituido todo un modus operandi» para determinados gobiernos municipales de las Islas.
No hay fondos
De este modo, el también responsable del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras (CCOO) no duda al afirmar que, «si la actual situación persiste, es posible que algunos ayuntamientos canarios terminen por acusar insuficiencia financiera».
Con todo, los problemas de las administraciones locales trascienden, en muchos casos, lo meramente financiero y llegan también a alcanzar una dimensión ciudadana considerable. A este respecto, José Ángel Rodríguez pone énfasis en el «clientelismo» que ha venido a instalarse en algunos consistorios y en el consecuente «malestar económico y social» que genera. Un malestar que, ante la delicada situación actual, cobra aún mayor dimensión.
Así las cosas, muchos municipios del Archipiélago se ven abocados a soportar «una estructura, nacida al calor de ciclos económicos alcistas, que ahora no hay por dónde amputar», expone el catedrático de la ULL.
Sin alternativas
El contexto se torna aún más complejo al considerar que las alternativas que pueden manejar los ayuntamientos son prácticamente inexistentes: el desplome del ladrillo ha provocado la caída de los ingresos vía recalificación de terrenos; las restantes licencias -como, por ejemplo, las de los taxis- tampoco dejan ya los recursos suficientes; los ingresos vía REF sufren un retroceso histórico -algo que también afecta a los cabildos insulares y al Gobierno de Canarias- y, por si fuera poco, no existen protocolos de actuación que permitan paliar esta coyuntura.
«No hay alternativas. Muchos ayuntamientos se han sumergido en una especie de prácticas de economía sumergida», como no pagar a la Seguridad Social, acudir a contratos temporales, etcétera, «bajo una mirada laxa de los poderes que deberían tutelar estas actuaciones, como pueden ser, por ejemplo, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)», argumenta el profesor de la Universidad de La Laguna

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