Actualizado Lunes, 15-06-09 a las 17:55
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha pedido hoy a los gobiernos central y autonómicos un "esfuerzo presupuestario" para la correcta aplicación de la Ley del Menor, que, ha señalado, se deberá concretar "dependiendo de cada autonomía".
Según ha recordado, la ejecución de medidas es una competencia transferida a las autonomías, y ha dicho que "la voluntad política, el compromiso y el esfuerzo presupuestario de cada una" de ellas determina que las medidas que se imponen al amparo de esa ley sean "más o menos efectivas".
Bravo ha hecho estas declaraciones en la inauguración de las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores, que reúnen estos días en Valencia a medio centenar de jueces y expertos en menores para debatir sobre la violencia escolar, los delitos cibernéticos o la violencia cometida por menores en el ámbito familiar.
Acompañada del también vocal del CGPJ Pío Aguirre, Bravo, que ha trabajado durante los últimos siete años en la Fiscalía de Menores, ha expresado el interés del organismo al que pertenece no sólo por la respuesta penal ante los delitos relacionados con menores de edad, sino también "por la preventiva y multidisciplinar".
La portavoz del Consejo ha apostado por que en lugar de ver a los menores que delinquen "como seres de los que defenderse" se vean "las medidas que se pueden adoptar para afrontar los factores de riesgo que les llevan a cometer delitos", lo que, ha advertido, es competencia de "la sociedad entera y los poderes públicos".
"El equilibrio entre la protección de los menores que cometen delitos y la convivencia adecuada con menores delincuentes nace de tener los recursos adecuados para ello", ha defendido, y ha insistido en su petición de una "mayor implicación política y presupuestaria" para la aplicación de la Ley Penal del Menor.
Para Bravo, de nada sirve el trabajo de fiscales y jueces si en el momento de aplicar las medidas a los menores éstas no se pueden ejecutar por falta de recursos.
Según ha sostenido, se dan "medidas extemporáneas, libertades vigiladas que prescriben y prestaciones en beneficio de la comunidad que no se pueden ejecutar", y ha destacado el hecho de que son medidas educativas que se establecen para conseguir una reeducación y socialización del menor que, de no aplicarse, se pierde.
La vocal del CGPJ ha nombrado a Cataluña como "una autonomía en la que siempre las inversiones en esta materia han sido muy eficaces" y ha dicho que, por contra, la Comunitat Valenciana necesita "más centros y más personal al servicio de la administración para la ejecución de penas".
Preguntada por los periodistas, la vocal del CGPJ ha confirmado el aumento "desgraciadamente" de los delitos cometidos por menores de edad, y especialmente en los que se hace uso de Internet y la violencia escolar, y ha dicho que los jueces están "seriamente preocupados" por ello.

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