Pese a la rotundidad del informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en favor de prorrogar la vida útil de la central nucelar Santa María de Garoña el Gobierno aún se replantea decretar el cierre de la planta.
El secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, aseguró ayer que el Gobierno «no ha descartado nada y que está abierta cualquier posibilidad» sobre el futuro de la central. Asimismo, y pese a la implicación demostrada en este expediente por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Marín anunció que será el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y no el inquilino de La Moncloa el responsable último de la decisión que el Gobierno adopte sobre Garoña. También ante la Prensa, la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, quiso destacar la «independencia» del organismo regulador, en un día en el que arreciaron las críticas desde las organizaciones ecologistas. Greenpeace, en concreto, consideró «vergonzosa» la resolución del CSN, que achacó al resultado de un pacto entre este organismo e Industria. Martínez Ten se defendió asegurando que su «trabajo hubiera sido el mismo con o sin campaña electoral» y aunque reconoció haber recibido presiones, aseguró que nunca provinieron del Gobierno. Insistió, así, en que Garoña es «tan segura» como las centrales internacionales de su tipo.
Por su parte, Nuclenor -titular de Garoña- calificó de «paso positivo» el dictamen del CSN aunque, reconoció, que «queda pendiente» la desición del Gobierno. En este sentido, subrayó que el organismo supervisor no ha impuesto a Garoña ninguna mejora que previamente no hubiera recomendado la propia central.

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