Sábado, 23-05-09
Con el mismo discurso y pretensiones que sus antecesores ilegalizados, la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II) se estrenó ayer en Madrid horas después de que el Tribunal Constitucional (TC) desacreditara la anulación de la lista acordada por la «Sala del 61» del Tribunal Supremo al no ver suficiente «la entidad de los indicios manejados» por el Alto Tribunal.
Y lo hizo a lo grande: negándose a condenar la violencia, pidiendo el voto de la «izquierda abertzale» y ensalzando a batasunos que, como Joseba Álvarez, procesado por pertenencia a ETA, hoy están en las cárceles «del Estado español» por haber dejado «mucho de su vida» para solucionar el «conflicto vasco». Pero Iniciativa Internacionalista no se quedó ahí. Fuerte y «legitimada» por la decisión del TC, el portavoz de la coalición, Luis Ocampo, volvió a amenazar con la interposición de querellas contra los ministros de Justicia e Interior y no dudó en pedir la dimisión del último. La coalición considera a Alfredo Pérez Rubalcaba instigador de la «campaña de criminalización» que se ha llevado a cabo contra ellos, y no ha dudado, dijo Ocampo, en «presionar» al propio Tribunal Supremo.
La rueda de prensa, improvisada en un local de Corriente Roja, en la madrileña calle Montera, estuvo plagada de guiños al electorado más radical de la «izquierda abertzale», desde el propio lenguaje de los comparecientes hasta la negativa a condenar la violencia de ETA en alguna de las tres ocasiones en las que, emplazados por los medios de comunicación presentes, tuvieron la ocasión de hacerlo. «Cuestiones como éstas no se pueden responder con simplezas; intentamos afrontar los problemas de la sociedad desde la observación y cuando hay un problema real que lleva décadas sin resolverse no valen síes o noes. Apostamos porque ese conflicto se reconduzca hacia caminos políticos de diálogo y democráticos y cualquier otro tipo de consideración no ayuda a resolver esta cuestión».
Pero por si quedaba alguna duda derivada de estos circunloquios, Alfonso Araque la disipó cuando, apoyando las palabras de Ocampo, sostuvo que la violencia que de verdad les preocupa es la que se «ejerce a diario sobre los trabajadores». «Esa es la violencia que repudiamos contundentemente», apostilló.
Ocampo dijo no entender por qué se les pregunta por este extremo y nunca se pregunta al «jefe del Estado español» por su opinión sobre los «crímenes franquistas», en especial los cometidos el 27 de septiembre de 1975 (en referencia a la ejecución de los etarras Txiki y Otaegi y otros tres miembros del FRAP).
De igual forma, y al más puro estilo batasuno, apostaron por la «negociación política» para resolver el «conflicto vasco» y criticaron a los que no tienen voluntad de hacerlo. A este respecto, Ocampo no quiso personalizar en quiénes se niegan a afrontar esa negociación. «Lo que sí puedo decir es quién sí ha querido buscar una solución -señaló el portavoz-. Y algunas de las personas que han demostrado que tienen voluntad política y han dejado mucho de su vida en ello están hoy en la cárcel, como Joseba Álvarez. Que cada quien extraiga sus conclusiones», sentenció.
Convencido de que Iniciativa Internacionalista puede «sorprender» en las elecciones europeas del 7 de junio con al menos un eurodiputado, Ocampo aseguró que la coalición estaría «muy satisfecha» si la gente que vota a la «izquierda abertzale» (y que con las últimas ilegalizaciones -ANV, PCTV, Askatasuna y D3M- se han quedado sin opción política) «pensara que nuestra candidatura merece su confianza política». En este punto se remitió a la propia sentencia del Tribunal Constitucional, en el sentido de que el voto de la «izquierda abertzale» «es tan legítimo como puede serlo cualquiera en un régimen democrático en el que todas las ideas tienen perfecto acomodo. No entenderlo así supondría cercenar gravemente el pluralismo político (...)».
«Estaremos atentos»
La vicepresidenta primera del Gobierno advirtió ayer que el Ejecutivo seguirá «sin bajar la guardia» con esta coalición, aunque acate y respete la decisión del Tribunal Constitucional. Aseguró que estarán atentos «para que nadie intente burlar la Ley de Partidos por vericuetos que bordeen el límite de la legalidad».

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