Viernes, 15-05-09
EL anteproyecto de ley presentado ayer por el Gobierno -cuatro días después de anunciar la comercialización general de la píldora del «día después»- instaura el aborto libre e impune en la práctica desde el momento en que queda protegido por una despenalización casi absoluta. La implantación de plazos para diversos supuestos carece de relevancia, porque su infracción no conllevará una sanción disuasoria y siempre encontrará excusas en situaciones de emergencia o similares, como las que han llevado a la ley actual a ser burlada sistemáticamente. Gracias a estas artimañas, el Gobierno se atreve a presentar el anteproyecto como un instrumento que da seguridad jurídica a las mujeres y, sobre todo, a los médicos que practiquen abortos en centros que hoy estarán de enhorabuena ante las expectativas de negocio que se les avecina. Evidentemente, ganarán en seguridad jurídica porque no habrá límites exigibles al aborto. Pocas veces el lenguaje jurídico había sido sometido a tanta perversión, pero es la condición para manipular los valores y derechos fundamentales que son agredidos con esta extensión generalizada del aborto. A la impunidad se le llama ahora seguridad jurídica, y a la decisión de eliminar una vida humana, derecho de la mujer. Con más de cien mil abortos al año, la preocupación de un gobierno responsable -y de una sociedad industrial y desarrollada, con un sistema educativo y sanitario del primer mundo- debía ser cómo reducir ese número, no cómo evitar problemas a quienes infringen la ley. Por si fuera poco, el Gobierno no ha dudado en golpear de nuevo la relación familiar. No sólo las menores pueden consumir libremente un tratamiento hormonal, la píldora del día después, de efectos anticonceptivos o abortivos según el caso, sino también abortar al margen de sus padres, a partir de los 16 años. Es difícil saber lo que pretende el PSOE, pero su obsesión por quebrar los vínculos familiares en estas situaciones es una gravísima irresponsabilidad.
Queda por delante un proceso complicado de debate técnico y constitucional. Deberán informar el anteproyecto el Consejo de Estado y el del Poder Judicial. Luego, los grupos parlamentarios deberán votarlo y entonces se verá dónde está cada cual, porque el aborto es un cuestión de principios que no admite ambigüedades. Y si el Partido Popular cumple su compromiso de impugnar esta ley, el Tribunal Constitucional habrá de determinar la constitucionalidad de una norma que contradice su sentencia de 1985, en la que anticipó que la desprotección absoluta del nasciturus es incompatible con el derecho a la vida recogido por la Constitución. Lo hizo afirmando que «ni ésta (la vida del nasciturus) puede prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional».
El Gobierno ha apostado temerariamente por una abierta confrontación de principios éticos y jurídicos, de modelos contrapuestos de sociedad y de visiones incompatibles de la dignidad humana. Es lógico que quienes están en contra de este aborto libre recojan el guante. Cortina de humo o no para la crisis económica, el aborto libre que propone Zapatero es un desafío para una sociedad con valores.

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