El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió hoy de una parte de la investigación sobre el «caso Gürtel» al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) al encontrar indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del de PP de Valencia y diputado autonómico, Ricardo Costa Climent, informaron fuentes jurídicas. Garzón sostiene que el PP de Valencia pudo recibir 420.000 euros en concepto de comisiones «en adjudicaciones amañadas» por parte del empresario Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama y a quien envió a prisión. Asimismo, afirma que el presidente de Orange Market, conocido como «El Bigotes» -Álvaro Pérez-, pagó trajes a Francisco Camps por valor de 12.783 euros, y que el presidente valenciano, a cambio, pudo facilitar la concesión de adjudicaciones a esta empresa.

El juez Garzón aún va más allá y opina que la trama dirigida por Francisco Correa «se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacinoal que tenían su puesto de tarbajo en la sede nacional de la calle Génova» de Madrid. El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events «en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política».

«Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto- Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban».

Según Garzón, «para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos».

No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 «dentro de la dirección» del PP «provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas» de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market), cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, «El Bigotes».

El magistrado recuerda en su auto que Camps «ocupa un cargo de responsabilidad en la Generalitat valenciana» y añade que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, «a través de Orange Market, obtuvo la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo entre 2006 y 2009» por un importe superior a los cuatro millones de euros.

Según el auto, Camps acudió a las tiendas de Madrid Milano y Forever Young a instancias del presidente de Orange Market con el fin de «adquirir ropa», ya que en estos establecimientos trabajaba el sastre José Tomás, que era una «persona de su confianza».

En el momento en que los trajes se encargaron, las tiendas generaron un concepto «a cuenta» que la empresa de «El Bigotes» se encargó de abonar mediante transferencia o cheque. La ropa encargada se hizo «a medida» y requería, por tanto, «la toma de medidas de patronaje y la elaboración de una ficha para la empresa confeccionadora». Toda esta documentación obra en las diligencias previas instruidas por Garzón.

En un auto hecho público hoy, Garzón imputa también al ex secretario de Organización del PP de Valencia José Víctor Campos Guinot -hombre de confianza del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra- y al jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño. El magistrado tiene previsto notificar a lo largo de la tarde otros dos autos sobre otros aforados que podrían estar imputados.

La Fiscalía Anticorrupción informó ayer a Garzón que la causa debe ser instruida por los tribunales superiores de Madrid y Valencia, al estar indiciariamente implicados diputados o cargos autonómicos de estas regiones, y no por el Tribunal Supremo, de lo que se deduce que el Ministerio Público no encuentra indicios suficientes para implicar en la trama a parlamentarios nacionales o europeos del PP.

Garzón inició el pasado 9 de febrero la ronda de declaraciones del «caso Gürtel» con los interrogatorios del presunto líder de la trama, Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. Los tres son los únicos de los 37 imputados que han sido enviados a prisión.

La portavoz del grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, Mónica Oltra, consideró hoy que el «caso Gürtel» que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha tocado el «corazón» tanto del PP como del Gobierno valenciano. Asimismo, solicitó la creación de una comisión de investigación parlamentaria que aclare «hasta qué punto llega la responsabilidad política» de cada uno de los implicados.