P. GARCÍA-BAQUERO

CÓRDOBA. La «Operación Tertis» que se vendió por la Guardia Civil en febrero de 2007 como «el mayor golpe mundial al expolio arqueológico», con la incautación de 300.000 piezas -desde el Paleolítico al siglo XVIII-, ha quedado prácticamente en agua de borrajas. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena ha dictado un auto por el que se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa en relación a 31 de los 52 imputados - entre expoliadores, intermediarios y coleccionistas- a los que se suman los 11 imputados que quedaron impunes con el sobreseimiento dictado el 11 de octubre de 2007. En relación con este auto, dos de los tres cordobeses imputados, entre ellos un afamado médico especialista amigo de la ex ministra Carmen Calvo, han quedado, de momento, libre de toda culpa, siempre y cuando el auto no sea recurrido por la Fiscalía. Esta diligencia del juzgado recoge que «se ponga a disposición de los relacionados en el sobreseimiento los efectos de su propiedad intervenidos, para lo cual serán citados oportunamente en el lugar de depósito de las piezas» -la mayor parte se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla-.

El resto, 10 de los 52 detenidos -entre ellos un cordobés- aún están imputados, aunque el auto con fecha de 24 de febrero de 2009, al que ha tenido acceso ABC, recoge expresamente que «sin perjuicio de lo que pudiera acordarse respecto de los restantes imputados de serles de aplicación de dichos criterios, a cuyo efecto se resolverá previo traslado al Ministerio Fiscal por plazo de 15 días desde la notificación del presente».

El titular del juzgado explica el caso que se inició el 5 de octubre de 2006 cuando se incoó el procedimiento con objeto de esclarecer los hechos puestos de manifiesto a través de las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Patrimonio Histórico perteneciente a la unidad central operativa de la Guardia Civil de Madrid.

Entre los fundamentos de derecho, recoge que es procedente determinar los tipos delictivos a través de los que se articulan y su relación con los delitos imputados en el presente procedimiento. Repasa los tipos enunciados como de hurto, robo, para lo que habría que acreditar si alguien tomó o se apoderó de objetos, que aquí queda descartado. Le sigue la posible comisión de un delito de daños en un yacimiento arqueológico, pero al respecto no se había hecho ninguna imputación por esta causa, ni por derribo o alteración grave. Otro de los tipos delictivos que sopesó el juez es el recogido por el artículo 252, «por el que serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que con ánimo de lucro se apropiaren de cosa perdida siempre que el valor de lo apropiado exceda los 400 euros». Así como la necesidad de comunicar a la autoridad competente hallazgos de Patrimonio en 30 días.

Tirón de orejas

Sin embargo, el juez recoge que «en cualquier caso la existencia de estas situaciones deben alertar a los administradores públicos competentes para que introduzcan sistemas de inspección y control de tal patrimonio, pero el Derecho Penal, en el caso que atañe, «no puede subvenir al despojo que estuvo a punto de considerarse irremediablemente por haber prescrito el delito enjuiciado». Aplicando esta doctrina a los supuestos contemplado, el juez reitera que se evidencia que no se puede determinar e momento temporal en que operó esa transformación de posesión ilícita».

El letrado de la defensa de 25 de los 52 imputados por esta causa, Miguel Gómez de la Rosa, explicó a ABC que la actuación policial fue «absolutamente desproporcionada y que se le causó un grave daño moral a los detenidos, con unos registros que deberían de haberse reservado para casos graves no para esta gente trabajadora».

La «Operación Tertis » se desarrolló en su mayor parte en Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Jaén, con ramificaciones en Zamora, Barcelona y Madrid.