Los peligros de las redes sociales para los menores entraron en la agenda del Congreso ayer con una iniciativa que pide un grupo especial contra el cibercrimen
En Facebook es normal encontrarse con un político conocido a la vuelta de cualquier esquina. Muchos diputados del Congreso han caído en las redes sociales y las han transformado en redes políticas, donde vuelcan sus opiniones, sus agendas, expresan sus adhesiones a una causa (existen clubes de fans de ministros y portavoces) y abren «chats» sobre cualquier asunto de actualidad. Ocurrió cuando José Luis Rodríguez Zapatero acudió hace varias semanas al programa de televisión «Tengo una pregunta para usted». Un dirigente del Grupo Popular hizo de comentarista en directo de las respuestas más jugosas del presidente, y decenas de internautas participaron de la charla.
Pero hasta ayer mismo el Parlamento era ajeno a los peligros o riesgos que podían encerrar las redes sociales de internet, sobre todo para los menores de edad. Una rápida ronda de contactos con los grupos parlamentarios permitió constatar que no existía ni una sola iniciativa dirigida a regular o controlar estas redes, para proteger, por ejemplo, a los más jóvenes. A media mañana, sin embargo, el Grupo Popular anunció una Proposición no de Ley de creación de un Plan Integral de Protección de Víctimas especialmente vulnerables, que incluirá la creación de un grupo especial en la lucha contra el cibercrimen y un Centro de Protección de Menores «online». El Grupo Popular propone desarrollar campañas de formación con el fin de advertir a los menores, educadores y padres de los riesgos de la «ciberdelincuencia».
«Queremos que se especialice un grupo en la Policía y en la Guardia Civil en la lucha contra el cibercrimen cometido contra menores, y que se instituya una figura que llamamos Centro de Protección de Menores online, para que los menores puedan remitir, o sus padres directamente, aquellos mensajes o actividades sospechosos de estar llevados a cabo por delincuentes que practican pornografía infantil u otro tipo de delitos relacionados con las nuevas tecnologías», explicó la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría.
Los populares sostienen que, a pesar de las indudables ventajas de las redes sociales, «es necesario garantizar que estos mecanismos no sean un instrumento para la actividad delictiva, poniendo en peligro la vida o la seguridad de los menores, especialmente influenciables ante este tipo de medios de comunicación social».
Con esta iniciativa, el PP pretende marcar la línea de la próxima reforma del Código Penal que planea el Gobierno, y que actualmente se encuentra en fase de anteproyecto (aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de noviembre, pendiente ahora del informe del fiscal general y del Consejo General del Poder Judicial).
En el Grupo mayoritario del Congreso, el Socialista, se ha recibido con recelo la propuesta del Grupo Popular. La diputada Pilar López, vocal de la Comisión de Justicia y experta de su Grupo en asuntos de menores, cree que no se puede gobernar a golpe y efecto de los delitos. El PSOE prefiere, en cambio, esperar a que la reforma del Código Penal entre en el Congreso de los Diputados, para que los grupos parlamentarios puedan introducir las enmiendas que consideren oportunas.
La diputada socialista recuerda que el Gobierno de Zapatero está trabajando ya en un plan preventivo para que los menores puedan defenderse y actuar ante agresiones a través de internet. «Se está haciendo en las escuelas, mediante fichas del Ministerio de Educación, y a través del Observatorio de Igualdad, en el segundo Plan de Infancia y Adolescencia».
Reforma del Código Penal
En la reforma del Código Penal se castiga con pena de prisión de uno a cinco años al que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad. Además se establece que «el que accediera sin autorización a datos o programas informáticos contenido en un sistema informático o en parte del mismo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años».
Desde el Grupo Socialista se reconoce que aparecen delitos informáticos nuevos constantemente, que ni siquiera son recogidos en el anteproyecto de reforma del Código Penal, y que deberán introducirse a través de enmiendas.
En todo caso, no hay de momento ninguna previsión de regulación de las redes sociales, ni de protección de la intimidad o la privacidad de los datos de sus usuarios.
El Parlamento se había quedado atrás respecto a un problema que ya estaba en la calle. Hasta ahora se habían presentado distintas iniciativas relacionadas con internet, como una Proposición no de Ley del PP para instar al Gobierno a que, a través del Ministerio de Cultura, establezca un Premio Nacional del blog. También se pidió información al Ministerio del Interior sobre la promoción en internet del día del orgullo pedófilo. Pero las redes sociales no habían entrado en la agenda política.
La semana pasada, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley del PNV que, entre otras cosas, pedía tipificar como delito la propuesta intencionada de un adulto, a través de internet, dirigida a reunirse con un menor de edad, con el fin de mantener relaciones sexuales o llevar a cabo actividades de pornografía. Fue lo más cerca del problema que ha llegado el Congreso hasta ahora.

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