Jueves, 19-02-09
Cada día que pasa trascienden nuevas irregularidades en el caso de los informes encargados a dedo por el Gobierno catalán. Según ha podido saber ABC, varias personas que aparecen como autores de los estudios aseguran que la Generalitat no les encomendó dicha tarea. Es más, niegan haber cobrado por esa tarea, pese a que en el listado oficial de informes de 2007 que el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura entregó a CiU y PP aparece su nombre.
Este es el caso de Darío Sirerol, un experto en diseño de olores y sistemas de difusión con más de 15 años de experiencia, a quien el Museo de Arqueología de Cataluña encargó la instalación de una ambientación olorosa en la exposición «El escolapio, el retorno de Dios». Según Sirerol, «cobré 1.392 euros por esa obra el 14 de diciembre de 2007. Pero cuatro meses después, en abril de 2008, el director del Museo me pidió que elaborara un escrito sobre mi trabajo. Lo redacté en castellano y me dijeron que la Generalitat lo traduciría al catalán. Algo más de un folio por el que no cobré nada». Sirerol reta al Ejecutivo a enseñar la factura según la cual él cobró por escribir un par de folios. En el listado facilitado por la Generalitat se hace constar que la Consejería de Cultura pagó esos 1.392, no por la instalación, sino por un estudio técnico.
Pero hay más quejas. El abogado de la Generalitat Santiago Farrés, aparece como autor del estudio «Perspectivas de futuro de los juzgados autonómicos», por el que habría cobrado 800 euros. Sin embargo, el letrado sostiene que el Gobierno catalán no le encargó ningún informe, sino que él recibió esa cantidad por publicar un artículo sobre esa materia en una revista de la Generalitat. El diputado de CiU, Jordi Turull, asegura que al menos cinco personas se han puesto en contacto con él para asegurar que no han recibido ningún encargo. Turull está convencido de que detrás de estos informes hay «contratación de personal encubierta»; es decir, asesores a sueldo que aparecen como autores de informes.
El análisis de determinados trabajos ha desvelado otras irregularidades. El estudio «Proyecto de desarrollo de la organización y la dirección», encargado por la Consejeria de Innovación, Universidades y Empresa (ERC), fue objeto de varias alteraciones. Fue elaborado por Juan Ignacio Marcos Lekuona, experto en márketing político y ex asesor del PSOE de Córdoba. Lekuona fue objeto de polémica en 2006 cuando el PP denunció que el Consejo Insular de Menorca le había pagado 12.000 euros por un informe vacío de contenido.
Turull asegura que, en noviembre de 2008, consultó una primera versión del texto en castellano en la que se criticaba la gestión «clientelar» de la Generalitat en manos de CiU y se recomendaba cambios en el funcionamiento del departamento. En una segunda versión de 112 páginas habían desaparecido las menciones a ERC. Finalmente, se facilitó una tercera versión de 23 páginas y en catalán, ya sin reproches a CiU.
Nuevas «embajadas»
Asimismo, en la primera versión del informe «Campaña de juguetes no sexistas», se señalaba que «una criatura en nuestro país ve una media de XX XXXXXXX anuncios al día». En una versión final el texto ya incluía una cifra concreta. Todas estas alteraciones coinciden con la investigación abierta por la Fiscalía de Cataluña. Turull ha pedido el amparo del presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, ante la negativa del departamento de Presidencia de facilitarle los informes.
Al derroche que suponen estos estudios externos se unió ayer el anuncio de que la Generalitat recuperará su «embajada» en Marruecos y abrirá otra en Asia en 2010.

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