La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer a Garzón que se inhiba en la investigación de la supuesta «trama de corrupción» en favor de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, pues entre los imputables se encontrarían personas aforadas. Por este motivo, no es la Audiencia Nacional, sino los jueces de los TSJ de los territorios en los que se encuentran los aforados, la competente para investigar los hechos.

Aunque en esta ocasión tampoco se da un solo nombre de los aforados madrileños y valencianos que podrían estar implicados, Anticorrupción solicita a Garzón que eleve «exposiciones razonadas» a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia «en orden a la asunción de la competencia de la causa por aquéllos (...), lo que conllevaría que la investigación de la totalidad recaería en el TSJ de Madrid, salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al TSJ de Valencia».

La Fiscalía responde así al requerimiento que le hizo el magistrado el pasado 12 de febrero, un día antes de anunciar que existían «serios indicios de que personas vinculadas o integrantes del PP podrían tener responsablidad penal en esta causa o en otras que se incoen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de alguna de ellas».

Fuentes jurídicas se apresuraron ayer a criticar la tardanza del instructor al acordar su inhibición, pues el artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) establece que «cuando el delito fuese por su naturaleza de aquéllos que sólo pueden cometerse por autoridades o funcionarios sujetos a un fuero superior, los jueces de instrucción (...) remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días, al Tribunal competente».

Entretanto, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional permaneció ajeno ayer a la huelga de jueces y registró una actividad profusa a lo largo de todo el día (Garzón estaba de guardia), y a las declaraciones de dos imputados de la «operación Gürtel» se sumaron otras muchas diligencias.

Ayer le tocó el turno al socio de Alejandro Agag, Jacobo Gordon, y al ex consejero de Repsol Ramón Blanco Balín, quien expresó su hartazgo [dijo estar «hasta los huevos»] por verse inmerso en una causa en la que aún no sabe de qué se le acusa (las diligencias continúan secretas). «No me he llevado dinero de nadie. Me dedico una actividad puramente profesional y llevo 25 años de trayectoria en puestos de relevancia. Lo único que pido es respeto», sostuvo Blanco a su salida del Juzgado.

Además, el Comité de Derechos y Garantías del PP celebra hoy su primera reunión desde que el presidente de éste órgano, Alfonso Fernández Mañueco, recibiera el encargo de su jefe de filas, Mariano Rajoy, de abrir una investigación interna sobre los imputados por el juez Garzón. Desde el pasado día 11, en que se oficializó la apertura de una investigación interna, Fernández Mañueco ha venido recabando información, que hoy expondrá ante el plenario del Comité de Derechos y Garantías. En el mismo se procederá a ratificar la apertura del expediente informativo y se abrirá, con toda probabilidad un expediente disciplinario, según ha podido saber ABC. En todo caso, se desconoce por el momento el alcance de dicho expediente, aunque fuentes próximas a Rajoy señalaron que podía pasar por una suspensión cautelar de militancia. Además la dirección del PP madrileño, reunirá a la corporación local de Boadilla para decidir el sustituto de Arturo González Panero en la alcaldía de esta localidad. Mientras, Panero y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega también serán escuchados.

El PP está convencido ahora de que Garzón «aguantará» con el sumario por lo menos hasta las elecciones vascas y gallegas del 1 de marzo.