Zapatero, durante la sesión del Pleno del Congreso /
Actualizado Miércoles, 18-02-09 a las 11:47
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha reclamando al presidente del Gobierno la destitución del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por la «bochornosa» cacería que compartió con el juez Baltasar Garzón. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, le replicó que «bochornosos y deleznables» son otros asuntos, en alusión velada a los supuestos casos de corrupción y de espionaje internos en el Partido Popular.
El momento estelar de la sesión ha sido el protagonizado por el tantas veces aludido hoy, Bermejo, desde su sillón en la bancada azul. Ha tomado la palabra, después de un aluvión de críticas y peticiones de dimisiones de su cargo -en plena marejada por la huelga de jueces y la cacería conjunta con el juez instructor de la «Operación Gürtel»- y ha dicho, con su contundencia característica: «Gustoso pagaré el precio. Yo no estoy atado a esta silla, pero no dimito, claro que no dimito, porque voy a seguir trabajando por este país». Y se ha ido ovacionado por una parte de los diputados, en pie.
Desde la tarima parlamentaria, el jefe de filas socialistas, por su parte, ha asegurado que su Grupo y el Gobierno siempre están abiertos a considerar nuevas medidas de carácter normativo y preventivo que «puedan generar una mayor fuerza en la prevención contra comportamientos irregulares o delictivos».
«Usted viene a plantear no los problemas de los españoles, sino sus problemas, que no sabe o no puede resolver», ha dicho Zapatero a Rajoy en el Pleno del Congreso, donde ambos se han enfrentado a primera hora de la mañana por la cacería en la que participó Bermejo junto al magistrado de la Audiencia Nacional tras las primeras detenciones de la «Operación Gürtel».
Para Rajoy, sin embargo, al rechazar el cese Zapatero se convierte en «responsable y avalista» de las cacerías del titular de Justicia, de la huelga de jueces y de los «abusos de poder» de la Fiscalía, además de convertirse «en el propio señor Bermejo» y unir su política «indisolublemente a las actuaciones de un juez que está actuando de manera irresponsable», ha arremetido el jefe de la oposición.El momento estelar de la sesión ha sido el protagonizado por el tantas veces aludido hoy, Bermejo, desde su sillón en la bancada azul. Ha tomado la palabra, después de un aluvión de críticas y peticiones de dimisiones de su cargo -en plena marejada por la huelga de jueces y la cacería conjunta con el juez instructor de la «Operación Gürtel»- y ha dicho, con su contundencia característica: «Gustoso pagaré el precio. Yo no estoy atado a esta silla, pero no dimito, claro que no dimito, porque voy a seguir trabajando por este país». Y se ha ido ovacionado por una parte de los diputados, en pie.
Desde la tarima parlamentaria, el jefe de filas socialistas, por su parte, ha asegurado que su Grupo y el Gobierno siempre están abiertos a considerar nuevas medidas de carácter normativo y preventivo que «puedan generar una mayor fuerza en la prevención contra comportamientos irregulares o delictivos».
La corrupción centra el debateZapatero respondió así a una pregunta parlamentaria de la diputada del Grupo Mixto Uxúe Barcos, acerca de si tiene previsto el Gobierno tomar medidas para atajar la corrupción de los ayuntamientos. A este respecto, el presidente ha querido incidir en que «el Gobierno ha venido trabajando en los últimos años para reforzar todos los mecanismos en esa lucha contra la corrupción, y de manera singular en el ámbito urbanístico». «Medidas que han reforzado los medios y las funciones de la Fiscalía Anticorrupción, y así también se ha creado la figura del fiscal coordinador del medio ambiente y urbanismo. Se han reforzado los medios policiales con la creación de grupos específicos de Policía y Guardia Civil contra delincuencia urbanística», ha explicado.
Añadió que, además, está la Ley del Suelo, en la que se introdujeron «diversas previsiones específicas para combatir» la corrupción urbanística. Zapatero ha citado también las reformas normativas en materia local sobre las obligaciones de publicidad de los bienes e intereses de los miembros de los Gobierno, así como el endurecimiento de su régimen de incompatibilidades.
Reconoció, eso sí, que es «verdad» que el conjunto de casos que están dando lugar a sumarios o actuaciones por parte de la Fiscalía ponen de manifiesto que hay un «combate contra lo que pueden ser comportamientos delictivos, que afectan a un número de ayuntamientos, en todo caso relativo, pequeño, en el conjunto de los más de 8. 000 municipios que hay».