Los jueces que lideran la huelga fijan unos servicios mínimos y garantes de las actuaciones más urgentes

En concreto, entre las actuaciones que no sufrirán retraso por la huelga está el registro civil de matrimonios y, en materia penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales como entradas y registros o intervenciones telefónicas.

En el plano contencioso administrativo, también quedarán excluidos de la huelga el tratamiento de los recursos contencioso electorales de las Comunidades Autónomas en las que hay convocatorias electorales, Galicia y País Vasco, y las cuestiones que afecten a las juntas electorales.

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y el miembro del comité nacional de huelga Luis Sanz Acosta, ha señalado que la reunión mantenida este sábado en Madrid ha servido para "organizar la jornada y todos sus pormenores" en un ejercicio que consideran de "responsabilidad" para "garantizar a los ciudadanos que se realizarán las actuaciones más urgentes" y a la vista de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no fijó los servicios mínimos.

"Como el CGPJ se declaró incompetente, por un mínimo sentido de la responsabilidad, que los jueces sí tenemos, se han fijado en cada uno de los órganos jurisdiccionales las diferentes materias donde habrá servicios mínimos", ha explicado Armengol.

Por su parte Sanz, magistrado de Salamanca, señala que, pese a que los convocantes no son quienes tienen "la obligación" de fijar los servicios mínimos", lo hacen en un "ejercicio de responsabilidad".

Armengol y Sanz coinciden en señalar que los participantes en la reunión, entre ellos varios jueces decanos, han fijado por "unanimidad total" y sin "discrepancia" los servicios mínimos. En el mismo sentido, han explicado que cada territorio organizará con "libertad" los actos de protesta "que consideren convenientes". De este modo, en los juzgados se realizarán ruedas de prensa, declaraciones a los medios de comunicación o concentraciones en la puerta del edificio, según el criterio de cada comité territorial

Para Sanz, la huelga ha de servir para "llamar la atención de los poderes públicos y de los ciudadanos para que de una vez por todas se solucione esta situación" y confía en que el Ministerio de Justicia retome las negociaciones tras el paro del próximo miércoles.

"Nos hubiera gustado no llegar a esta situación pero la ruptura de las negociaciones por el Ministerio de Justicia nos ha abocado a ella, ahora lo que esperamos a partir del 19 es la llamada del Ministerio de Justicia a todas las asociaciones judiciales para volver a retomar las negociaciones", ha destacado.

Con respecto a la disposición del Ejecutivo a dialogar con las asociaciones, Sanz ha recordado que en la reunión del pasado 26 de enero, el Ministerio "no atendió ninguna de las reivindicaciones que nos planteábamos" y "ni si quiera se fijó calendario de nuevas reuniones, ni fecha para la siguiente". Así, espera en que esa "disposición del Gobierno para la negociación se materialice de verdad el día posterior a la huelga del 18 de febrero".